Fernando Alvarado es hallado culpable de peculado en el caso Secom
La Corte Nacional corrige una sentencia de primera instancia y sentencia a cinco años de cárcel al exfuncionario correísta
Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación en el gobierno de Rafael Correa, fue condenado a cinco años de cárcel, por el delito de peculado, en una sentencia dictada en segunda instancia, en el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Mercedes Caicedo, Julio Inga y Marco Rodríguez.
La misma pena se dictó para Galo Pacheco, exfuncionario de la Secretaría de Comunicación (Secom). Mientras que para Carlos Bravo, proveedor del Estado, y Pablo Yánez, exsubsecretario de Comunicación, sus penas fueron de un año y ocho meses de cárcel y un año de prisión, respectivamente. Como reparación integral, se orden´ó el pago de 225.000 dólares.
Sentencias:
- Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación: 5 años de cárcel
- Galo Pacheco, exfuncionario de la Secom: 5 años de cárcel
- Carlos Bravo, proveedor, 1 año y 8 meses de cárcel
- Pablo Yánez, un año de cárcel, una pena reducida por su cooperación eficaz.
#URGENTE | #CasoSecom: Tribunal acepta el recurso de apelación de #FiscalíaEc, revoca la sentencia que les ratificó el estado de inocencia y condena a Fernando A., exsecretario de Comunicación, y Galo P. a 5 años de prisión, en calidad de coautores del delito de #peculado. pic.twitter.com/YWGfD9xyir
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 18, 2024
Sentencia de primera instancia y un voto salvado
Exfuncionarios del Ministerio de Justicia son investigados por la fuga de Fernando Alvarado
Leer másEn 2020 se dio la sentencia de primera instancia. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván León y Daniella Camacho, determinaron la inexistencia del delito de peculado en el caso conocido como Secom y confirmaron la inocencia de los cuatro procesados. Solo el entonces juez Iván Saquicela no estuvo de acuerdo y emitió un voto salvado.
Este caso se basa en las irregularidades halladas durante los procesos de contratación de un camarógrafo que estaba encargado de monitorear a medios opositores y elaborar productos audiovisuales para las sabatinas de Rafael Correa.
El proceso legal también se desprende de un informe de la Contraloría, en donde se determinaron indicios de responsabilidad penal.
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