Fernando Muñoz pide a la justicia que deje sin efecto su remoción del TCE

El presidente destituido del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, llegó este 22 de agosto de 2024 junto a sus abogados Rafael Oyarte e Ismael Quintana al Complejo Judicial Norte de Quito, a la audiencia de la acción de protección que presentó el funcionario en contra de Ivonne Coloma, la jueza del órgano que fue nombrada para reemplazarlo en el cargo y dos magistrados más.

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Muñoz busca que la justicia le restituya la titularidad del TCE, cargo del cual fue removido en una sesión extraordinaria el pasado 12 de agosto.

Ese día, Coloma y los jueces Guillermo Ortega y Ángel Torres, mediante una resolución, removieron a Muñoz de la presidencia del TCE y designaron a la magistrada como la nueva titular. 

Oyarte dijo que durante la audiencia, la defensa de Muñoz fundamentó las razones de la demanda de protección, “nuestra contraparte intentó oponerse a nuestros argumentos y se realizó la práctica de la prueba documental”.

La audiencia se reinstalará

Explicó que para esta diligencia, Muñoz había solicitado el testimonio de los tres jueces del Tribunal, pero en la audiencia “decidió que fuera un informe por escrito juramentado por parte de los magistrados”. Debido a esa nueva petición, este viernes presentarán las preguntas y el lunes esas interrogantes “deberán estar contestadas para la reinstalación de la audiencia que será el próximo martes 27 de agosto”, manifestó Oyarte.

Muñoz pide que se deje sin efecto el acto de remoción por considerarlo “irregular”, aunque los tres magistrados del TCE rechazan esa acusación porque, aunque el presidente fue removido, se mantiene como juez del Tribunal.

Los cuestionamientos a la remoción

Oyarte, experto constitucionalista, manifestó que en la diligencia señalaron que este es un “precedente gravísimo para cualquier tribunal de justicia que tenga un presidente por un período fijo, pues se pretendería realizar este tipo de maniobras irregulares que violan la ley”.

El representante legal indicó que otro de los argumentos de la defensa fue que en este caso se viola la Constitución, pues se ampara en una norma subordinada “con una competencia que no tiene”. 

Y, finalmente, algo que considera como “muy grave” es que los jueces no le dieron a Muñoz el derecho a la contradicción. 

“No se ha visto en casos de otras remociones. Han querido comparar este caso con el de Guadalupe Llori, pero ella sí tuvo oportunidad de defenderse”, refirió sobre la expresidenta de la Asamblea Nacional. Según Oyarte, aunque los jueces del TCE lo argumenten, esa supuesta intervención de Muñoz “no aparece en el acto de remoción” del cargo.

También cuestionó las razones de la remoción que serían un mal manejo presupuestario y financiero del TCE, “cosa desmentida por la Asamblea que ha aprobado los informes del Tribunal. Si no era así, la Contraloría habría actuado”, acotó.  

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