Firma chino-española, a cargo de la construcción de la cárcel

La cárcel que se levanta en Santa Elena promete ser la más segura del país. Su construcción está a cargo de la compañía Puentes y Calzadas Infraestructuras S. L., con sede en España y subsidiaria de la estatal de China la constructora China, Road and Bridge Corporation (CRBC), que tiene el 67 % de su paquete accionario.

En su interior serán alojados 800 presos, los más peligrosos como líderes de bandas o delincuentes económicos, que han hecho de la corrupción su modus de vida. Así lo ha señalado el presidente Daniel Noboa.

En el Portal del Servicio de Contratación Pública reposan apenas siete documentos sobre el proceso de contratación que se hizo por Régimen Especial, consiste en una forma de contratación directa de bienes específicos para ciertas áreas como salud, seguridad, comunicación y otras. Esta vía también permite la invitación directa a una empresa extranjera con capital estatal, con la que se negociarán condiciones del contrato.

Para la construcción de la cárcel, el SNAI escogió a Puentes y Calzadas Infraestructuras que tiene experiencia en edificaciones educativas. Desde el 2022 ha recibido contratos, por Régimen Especial, por 8,1 millones de dólares (ver info).

El futuro centro penitenciario, en cambio, será el contrato más alto. Su costo será de 52 millones de dólares y, según el Sercop, este rubro servirá tanto para la construcción como para su equipamiento.

Sin embargo, la mayoría de los detalles estarán bajo secreto por 10 años. Eso se debe a que, el 28 de marzo pasado, el Servicio de Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) declaró reservada la información relacionada con los planos arquitectónicos de implantación y de ingenierías de detalle. Se sustentó en las recomendaciones del Manual de Seguridad Dinámica e Inteligencia Penitenciaria de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Esta organización internacional advierte sobre un incremento en la cantidad de ataques a las infraestructuras carcelarias, que incluyen el transporte de artefactos explosivos con drones, como lo ocurrido en septiembre de 2023 en la cárcel de La Roca, que causó la destrucción de una parte de su techo.

Ante estas amenazas, el manual de la UNODC recomienda reforzar los perímetros de las cárceles con técnicas como cavar fosos y zanjas, colocar barreras de acero reforzado o concreto y bolardos de seguridad, instalar trampas en el suelo (zonas plegables), etc.

Se desconoce si el reclusorio, denominado cárcel del Encuentro, tendrá estas características. Luis Zaldumbide, director del SNAI, solo ha adelantado que se prevé contar con tecnología moderna que incluye cámaras de vigilancia con inteligencia artificial y alertas centralizadas, bloqueadores de señal celular y wifi, sensores para detectar extraños, sistema de escaneo de vehículos, arcos magnéticos y máquinas de rayos X, etc.

En uno de los documentos en los que el SNAI explica la necesidad de declarar reservada la de la cárcel también cita el informe Personas Privadas de la Libertad en Ecuador de la CIDH, de 2022, en donde se reconoce que los presos más peligrosos son, en su mayoría, líderes de bandas criminales, que “tienen el poder de decisión respecto de una serie de aspectos relativos a la administración cotidiana de las cárceles, en el ámbito de los pabellones. Así, los líderes de estos grupos cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a internet y teléfonos”. La cárcel de Santa Elena promete romper esta dinámica con el aislamiento de cabecillas y su incomunicación con sus nexos en las calles.

Aunque el Gobierno había indicado que el proyecto tendría como referencia el modelo de El Salvador, Zaldumbide ha explicado sus diferencias. La primera es que los presos podrán tener visitas, serán recluidos en celdas individuales o que compartirán con uno o dos presos más.

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