Las firmas sufren un letargo
El plazo para completar apoyos para eliminar Participación termina en febrero. El Consejo inició el primer proceso para designar una autoridad
La efervescencia se convirtió en cautela. A mes y medio de que concluya el plazo que dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que el Comité por la Institucionalización Democrática complete las 30.000 firmas que impulsen la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), todavía se desconocen las acciones que tomará esta iniciativa para lograrlo.
El pasado 10 de diciembre, el organismo electoral determinó que de las 226.168 firmas entregadas, solo 106.301 resultaron válidas dejando un faltante de algo más de 26.000 que deberán ser anexadas hasta el 29 de febrero. Se necesitan 132.620 para impulsar la reforma parcial a la Constitución. El Comité tenía como meta entregar, al menos medio millón, pero consiguió la mitad.
¿Qué pasó? Habrían varios factores. La recolección arrancó a buen ritmo a inicios de septiembre de 2019, pero el interés ciudadano se diluyó los primeros días de octubre cuando empezaron las manifestaciones encabezadas por los transportistas y luego por los indígenas. A los problemas de movilidad se sumaron los cuestionamientos de la ciudadanía por lo que estaba pasando y fue necesario parar la recolección, especialmente en las ciudades con mayor conflictividad como Quito y Guayaquil.
En el Comité reconocen que van contra el tiempo. Pablo Dávila, vocero de este grupo ciudadano, le dijo a EXPRESO que lo más probable es que se retome la recolección de firmas desde la segunda quincena de este mes. Antes, han mantenido reuniones con otros integrantes para reestructurar los equipos de voluntarios que saldrán a las calles a buscar las adhesiones.
“Hemos considerado que finales de diciembre y los primeros días de enero son de poca actividad para estos temas y no sería muy conveniente volver con la recolección, pero también sabemos que hay premura en el tiempo. Lo que sí está claro es que, por principio, no hemos abandonado la iniciativa y la empujaremos hasta el final”, dijo Dávila.
En el CPCCS saben que la efervescencia ciudadana ha ido bajando y ven poco probable que el Comité alcance la meta. Atribuyen el momento actual, más que a factores externos como el paro de octubre, a sus propios aciertos.
El consejero Francisco Bravo, señaló ayer que la ciudadanía estaría reconociendo el trabajo que viene cumpliendo Participación y por eso los que quieren eliminar al organismo habrían perdido apoyo. El funcionario aseguró que la carta de presentación que sellará las actuaciones del nuevo CPCCS será el proceso de elección de superintendente de Ordenamiento Territorial (leer texto adjunto).
Esto, mientras en la Asamblea Nacional se aprobó a finales del año pasado, en primer debate, el proyecto de enmienda constitucional con el que se busca restringir la atribución de designar autoridades que todavía tiene el Consejo de Participación, pero no se habla de su eliminación.
Debut en elección de cargos
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó ayer el reglamento que regirá la selección del superintendente de Ordenamiento Territorial.
Esta se convertirá en la primera y una de las pocas designaciones que haga el organismo desde su posesión, en mayo de 2019. El nuevo superintendente saldrá de una terna enviada por el presidente Lenín Moreno.
El consejero Francisco Bravo, dijo ayer que espera que este proceso concluya a mediados de marzo y la siguiente elección será la de defensor Público.
