La fiscal acusa a 15 por peculado en caso Singue
Encabeza la lista de sospechosos el exvicepresidente Jorge Glas. Para él es su segundo proceso por presunta corrupción.
Los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, entre otros, rondan las denuncias relacionadas con los sectores estratégicos, petroleros, energéticos y otros.
Todos involucran a funcionarios, exfuncionarios o contratistas. Casi una veintena de exfuncionarios han recibido una condena. Solo el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli (detenido en la cárcel de Ambato) tiene cinco sentencias que suman 37 años.
Está involucrado en la corrupción registrada en Petroecuador por delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cohecho, peculado y asociación ilícita.
Y podría sumar una más. Pareja Yannuzzelli es uno de los 15 sospechosos a quienes ayer la Fiscalía acusó como presuntos autores de supuesto peculado.
Es el nuevo caso de supuesto perjuicio económico al Estado que se ventiló en instancias judiciales. La Fiscalía cree que la afectación supera los 28 millones de dólares. Se habría registrado en la adjudicación del campo petrolero Singue, ubicado en la Amazonía.
Además de Pareja, encabeza la lista de procesados el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a finales de 2017 por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht.
Para el exministro de Recursos No Renovables Wilson Pástor es el primer caso. El artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica que el peculado se castiga con una pena de entre 10 y 13 años de prisión.
A los 15 investigados, la fiscal Diana Salazar los acusó como autores del delito, durante la audiencia preparatoria que se cumplió en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia.
Presentó elementos generales a todos, elementos comunes por grupos y elementos individuales para cada uno.
Lo hizo luego de que el juez Iván Saquicela declaró la validez de todo lo actuado al resolver los vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia y prejudicialidad.
El juez no dio paso a los pedidos de los defensores, que en la primera parte de la audiencia solicitaron la declaratoria de nulidad argumentando que el informe de Contraloría que estableció indicios de responsabilidad en el caso había caducado y era extemporáneo al momento del inicio de la investigación.
La Contraloría determinó presuntas anomalías en la adjudicación del contrato y la tarifa del barril de crudo. Según el organismo de control, la tarifa de 33,50 dólares por barril a favor del consorcio fue establecida sin sustento técnico ni legal.
Los abogados también mencionaron que habían quedado en la indefensión debido a que la Fiscalía no habría dado paso a sus pedidos de recibir las versiones de peritos privados que elaboraron informes favorables a los sospechosos.
Pero el juez concluyó que la información de la Fiscalía era que los reportes se habían incorporado al expediente y en una etapa de juicio se podrían recibir los testimonios que ellos requieren.
Según el exministro Pástor, el Estado se ha beneficiado con el contrato de Singue. “Me ratifico: la cifras del Ministerio señalan que el Estado ha recibido más de 150 millones de dólares de beneficio, mientras que la compañía no recupera todavía las inversiones”, argumentó y se preguntó: “¿Dónde está el perjuicio para el Estado?”.
Para todos pidió el llamamiento a juicio y anunció pruebas testimoniales, periciales y documentales.
Daño al estado
Perjuicio
Según la Fiscalía, el supuesto perjuicio al Estado sería de más de 28 millones de dólares a septiembre de 2016. Por este caso también han sido acusados Silvana Pástor, René de Mora, Julio Cárdenas, José Burgos, Milton Jiménez, María Espinoza, Aníbal Ayala, Juan Silva, César Guerra, Jorge Andrade, Gustavo Donoso y Alfredo Herrera.
