La fiscal carga contra el sistema judicial por frenar casos

Sin avance y por culpa de otros. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo este 2 de junio que los casos que están investigando por presuntas irregularidades detectadas durante la emergencia sanitaria están detenidos, ante la imposibilidad que tiene el Ministerio Público de solicitar la formulación de cargos y seguir adelante con los debidos procesos. Y cargó directamente contra la Función Judicial.

“Nosotros nos encontramos en la etapa de instrucción fiscal, pero no podemos avanzar en la realización o prácticas de diligencias porque se encuentran suspendidos los plazos y términos por parte de la Función Judicial”, mencionó en referencia al caso del Hospital Básico de Pedernales, por el cual la Contraloría ya ha emitido dos informes con indicios de responsabilidad penal y en el que está involucrado un asesor del asambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza.

“Ayer hemos recibido, por ejemplo, una notificación o providencia por parte de la jueza de Garantías Penales de Manabí, en donde conmina a la Fiscalía a que detenga las diligencias para que no avancemos”, agregó.

Según Salazar, es urgente que el Consejo de la Judicatura, que actualmente trabaja a media llave y ha reactivado solo los procesos que estaban en trámite antes del inicio de la pandemia, habilite nuevamente los plazos para que la Fiscalía “tenga la posibilidad de procesar”.

“En el caso (de las) mascarillas, puedo adelantar que tenemos los suficientes elementos, pero no podemos avanzar porque los plazos se encuentran suspendidos”, indicó la fiscal general, quien aseguró que el exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Miguel Loja, principal sospechoso de este caso, está prófugo desde hace un mes.

Este Diario pidió al Consejo de la Judicatura una reacción sobre las palabras de Salazar, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En este grupo de procesos detenidos también se incluyen los de los funcionarios públicos de hospitales, alcaldías y prefecturas que actualmente están en investigación por las denuncias de irregularidades en la compra de insumos médicos. Por eso, asegura, no puede haber aún ningún resultado específico ni ir tras las cabezas que están detrás de estas compras ilegales.

Sin embargo, pese a tener todos los insumos listos, la fiscal se abstuvo de dar detalles de los casos que se investigan y dio respuestas generalizadas.

Esta queja de Salazar llega un día después de que ella misma anunciara en Quito la creación de una Fuerza de Tarea que se encargará de investigar los 45 expedientes y las 43 investigaciones previas que ha abierto el Ministerio Público desde que inició la emergencia sanitaria.

En aquella reunión, Salazar también se fue en contra de sus mismos fiscales provinciales, pues dijo que el objetivo de este nuevo equipo multidisciplinario, que será liderado por fiscales de 4 provincias, era evitar investigaciones imparciales, especialmente en las localidades más pequeñas, por el riesgo a la amistad o parentesco que pueda existir entre los funcionarios y los procesados. Una afirmación que reiteró durante la rueda de prensa de este 2 de junio.

EN DETALLE

Un grupo de policías especializados e investigadores se unirá a esta Fuerza de Tarea que conformó la Fiscalía para investigar los casos de corrupción que se denuncian durante la emergencia sanitaria.

Así lo confirmó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. “Ustedes saben que hay altos cargos políticos que están involucrados en estos casos y queremos que los investigadores sientan que tienen todo el respaldo para llevar a cabo todas las tareas necesarias”.