La fiscal golpea y los políticos balbucean

Viernes 15 de diciembre: resaca de la Operación Metástasis. El Ecuador amanece sacudido por los detalles escabrosos de los elementos de convicción que la Fiscalía dio a conocer en la madrugada. Más claramente que nunca, el país político ha quedado dividido en dos: de un lado, una opinión pública asqueada y sorprendida por la dimensión del esquema de corrupción que tiene por delante y que vincula a jueces, fiscales, políticos, policías, militares y abogados con el crimen organizado responsable de la ola de violencia que sacude al país; de otro lado… El correísmo, que lo niega todo; denuncia (sin rebatir ni una sola de las pruebas expuestas por la fiscal y recogidas en un expediente de 15 mil fojas) un “golpe de Estado judicial”; defiende abiertamente a los implicados y desempolva el inverosímil relato del lawfare. La fiscal Diana Salazar ha dejado al descubierto, por fin, aunque fuera una pequeña parte de la estructura del narco-Estado sobre cuya existencia se debate desde hace una docena de años, y el expresidente prófugo y los suyos siguen dale que dale con el lawfare.

Lo del pasado 13 de diciembre fue insólito: cuando el expresidente prófugo, informado por sus topos en la Función Judicial, alertó a los implicados en el caso Metástasis sobre la inminencia del operativo, ante los ojos atónitos de la nación, no sólo estaba abusando de su condición de refugiado en Bélgica para cometer desde ahí el delito de difusión de información reservada (sancionado con privación de la libertad de uno a tres años), sino que incurría en una conducta que podría adecuarse a los tipos penales de obstrucción de la justicia o fraude procesal, en abierta complicidad con los hoy acusados de delincuencia organizada y narcotráfico. En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Salazar lo responsabilizó por la fuga de ocho de los sospechosos sobre quienes pesaba una orden de captura. También resulta lícito preguntarse qué otras evidencias habrían encontrado los fiscales en los allanamientos de no ser por ese oportuno campanazo que sonó desde la lejana Europa.

(Le puede interesar leer: Asamblea: investigar sí, sin ser un obstáculo para el caso Metástasis)

Esa era la situación cuando el presidente Daniel Noboa entró en escena. Habían transcurrido más de 24 horas desde el operativo y él no había dicho esta boca es mía. El 15 de diciembre ofreció una rueda de prensa en el ECU-911 y, para sorpresa del país, se atribuyó parte del éxito de la fiscal al asegurar que la Operación Metástasis hace parte de su incipiente Plan Fénix para la seguridad. Sorpresa porque la Operación Metástasis lleva preparándose desde hace más de un año y él no cumple aún dos meses en el gobierno. Resulta más creíble pensar que el trabajo de la Fiscalía proveyó al presidente de un marco referencial sobre el cual realizar unas primeras acciones (el cambio de la cúpula policial, por ejemplo) y que, sin él, el Plan Fénix se encontraría aún, como dice el escritor liberal Andrés Ortiz Lemos, en la etapa de cazar al pájaro para quemarlo. En resumen: el Plan Fénix es una parte de la Operación Metástasis. No al revés.

Lo importante es que la comparecencia de Daniel Noboa, subido así a la camioneta de la fiscal pero sin asumir las consecuencias políticas de lo ocurrido, dejó el terreno sembrado de dudas irresolubles y preguntas sin respuestas. La primera tiene que ver con su posición como presidente de la República frente a la conducta de su aliado político Rafael Correa. “Hubo gente que advirtió para que los criminales se escapen”, dijo lamentando la naturaleza del milagro pero escamoteando la identidad del santo. ¿Piensa el presidente, sin más, hacerse el desentendido frente a lo que consta a todo el mundo? Con esto da a entender que su alianza con el correísmo, cuyos términos continúan siendo un secreto para la opinión pública, quedará intacta a pesar de los últimos acontecimientos.

(Lo invitamos a leer: Caso Metástasis: ¿Habrá cambios en el Consejo de la Judicatura?)

¿Qué significaría que la alianza quede intacta? ¿El concurso para elegir jueces de la Corte Nacional continuará intocado, es decir, en el rumbo que le trazó el sospechoso de narcotráfico y crimen organizado Wilman Terán? Antes de Metástasis ya era un escándalo ese concurso, con su absoluta falta de transparencia, su repetición arbitraria de pruebas de confianza y su falta de garantías que llevaron a la comisión internacional de observadores a sonar todas las alarmas y a pedir que se retroceda y recomience. Sin embargo, ese concurso parece ser el mayor interés de los correístas, que incluso acusan a la fiscal de haber tramado el operativo precisamente para detenerlo. En su interés por el desarrollo de ese concurso radica su decidida defensa de la impresentable figura de Wilman Terán. ¿Acaso la elemental independencia de funciones del Estado justifica la absoluta indiferencia con la que se conducen la Asamblea y el Ejecutivo frente a lo que podría ser una estrategia para la toma de la Corte Nacional de Justicia operada desde el narcotráfico? ¿Ese reparto es uno de los ejes del pacto secreto?

¿Qué ocurrirá con el juicio político a la fiscal, en marcha gracias al aval de la bancada oficialista y del nebotismo pese a no cumplir con los requisitos básicos que exige la ley. El correísmo ha asegurado en estos días de febril actividad en redes sociales que la operación Metástasis es un intento de la fiscal por impedir su juicio político. Más verosímil resulta lo contrario: el empeño por acelerar ese juicio político, incluso pasándose por el forro las disposiciones de la ley, la ninguna contemplación demostrada por los legisladores correístas a la hora de archivar otros procesos con la única intención de apresurar el de la fiscal, tengan por objetivo urgente el impedir el avance de las investigaciones en el caso Metástasis. ¿Es también parte de la alianza?

Sorprende la tibieza de las declaraciones presidenciales (por no hablar del silencio total de la Asamblea) frente al caso de investigación fiscal y de desarticulación de un esquema de corrupción más grande no de la década, no del país, ni siquiera de la región sino de la historia del mundo. Tal cual: Leonardo Stagg piensa que, probablemente, sólo el caso Gambino, en la Italia de los años 80, es comparable a esto por sus dimensiones y sus implicaciones. Estamos ante la evidencia más contundentes que hemos tenido hasta la fecha sobre la existencia de un narco-Estado y una narcopolítica. Y ante ella, esa inquietante falta de definiciones de las autoridades políticas es la noticia más decepcionante (y sospechosa) de la semana. Una semana que termina con los esfuerzos por sacar a Wilman Terán de la prisión mediante abuso de medidas cautelares y restituirlo al Consejo de la Judicatura aunque sea con grillete. Por qué no, acostumbrados estamos.

(Lo invitamos a leer: Caso Metástasis: acusados alegan su inocencia y piden desestimar pedido de prisión)

• Un chat que nadie desmiente

Cualquiera diría, mirando la reacción de los correístas, que la Operación Metástasis es contra ellos. Y sí, esto gira en torno a la estructura criminal del capo Leandro Norero, blanqueado en 2009 por Rafael Correa en un supuesto proceso de pacificación que no le impidió convertirse en financista de bandas criminales. Norero, afiliado con otros ñetas y latin kings al partido de gobierno de ese entonces, Alianza PAIS. Norero, con quien Jorge Glas compartió abogados, estrategias judiciales y jueces de cabecera, hoy vinculados a la trama. Y algo más: en uno de los chats de Norero hay una conversación con Rafael Correa que Juan Xavier Benedetti hizo pública esta semana en Radio Centro y no ha sido desmentida hasta la fecha. En ella Norero le dice a Correa: “Cuando usted vuelva voy a cobrarle el favorcito que me costó 250 mil dólares para la liberación de Glas”.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!