La fiscal pide prisión para dos vocales de la Judicatura por tráfico de influencias

Dos vocales del Consejo de la Judicatura y un juez de la Corte Provincial de Pichincha recibieron cargos por presunto tráfico de influencias en la Corte Nacional de Justicia.

La audiencia de formulación de cargos se realizó en el mezanine de la Corte desde las 08:40 de este miércoles 7 de junio de 2023. Para los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno la Fiscal Diana Salazar solicitó la prisión preventiva luego de presentar casi medio centenar de elementos de convicción (43 elementos) que se obtuvieron durante la investigación previa abierta el año pasado en contra de los vocales y del juez Wladimir Jhayya, expresidente de la Corte de Pichincha.

Explicó que el pedido lo hace porque todos los administradores de justicia se ven en riesgo y ellos (los vocales) van a obstaculizar a la justicia. Mencionó que una prueba de ello es la obstaculización de la justicia que se demostró en la mención de los elementos que han sido expuestos y entregados, entre ellos las acciones que dijo han emprendido en contra del juez Wálter Macías quien fue suspendido del cargo de juez nacional de la Corte. 

Añadió también que los vocales también pretendieron tomar medidas en contra de la fiscal general, situación que calificó de inconstitucional. La medida de prisión es necesaria, según la fiscal porque los vocales son los que nombran jueces, conjueces y con sus votos sancionan a los judiciales. Mencionó por ejemplo la suspensión del juez Walter Macías, quién inicialmente conoció el caso. 

La fiscal dijo que un grillete no les va a quitar el poder de sancionar. Existen razones para creer que seguirán entorpeciendo la administración de justicia. Obstaculización directa. La prisión preventiva es legal, legítima y necesaria.

Dijo que los sospechosos tratan de acomodar las resoluciones a su conveniencia. Señaló que esos arreglos alcanzan incluso a la Corte Nacional. Expuso que en el audio se refleja como se manipula la justicia, se cabildea, planifican cambios administrativos por cálculos políticos para nombrar servidores leales a ellos. Para la fiscal hay un riesgo para entorpecer el proceso. Habló de obstaculización de la justicia para garantizar la impunidad.

Señaló que el caso inició por una denuncia presentada en contra de los investigados. Expuso el contenido de un diálogo grabado por la jueza Maritza Romero quien asistió a la reunión entre los investigados, el actual presidente de la Corte Gustavo Osejo y la jueza provincial en la que se habría abordado el tema de la acción de protección presentada por la expresidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori para evitar que si destitución del cargo se ejecutoríe. Insistió que los sospechosos ejercieron influencia en el presidente de la Corte de Pichincha para que resuelva la acción de protección en favor de Llori. 

Aunque Romero participó del encuentro ella no ha sido procesada en el expediente. Ella fue quien voluntariamente presentó su celular con el que grabó la reunión. Una parte de esa conversación de más de una hora fue filtrada a un portal digital. Además, Romero presentó un testimonio anticipado en el caso.

Para el expresidente de la Corte de Pichincha la fiscal pidió medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Esas son la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante la autoridad que disponga y la colocación del dispositivo de vigilancia electrónica. 

El conjuez Javier de la Cadena dio un receso antes de escuchar la exposición de los defensores de los procesados quienes deben presentar los arraigos ante la autoridad para evitar la prisión preventiva.