Los fiscales se dicen expuestos en diligencias in situ sin resguardo

El fiscal Francisco Freire estaba de turno el domingo pasado cuando estalló un carro bomba, junto a la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía, de la Florida Norte, en el norte de Guayaquil.

El operador de justicia acudió a ese sector para constatar el hecho e iniciar la investigación. Estaba solo en el lugar, como representante de la Fiscalía, no tenía seguridad propia, solo la que brindaban algunos policías que estaban en el sitio por la emergencia que interrumpió el sueño de los vecinos.

“Nosotros como fiscales estamos aquí, poniendo el pecho para cumplir con lo nuestro”, dijo Freire. Añadió que estaba de turno hasta las 16:00, y que su presencia en el campo es parte de sus actividades.

“Que las cumplimos con entusiasmo, con responsabilidad y con la protección de Dios”, comentó el fiscal tras la inspección. Sobre los hechos recurrentes con explosivos, el funcionario reconoció que “es hora de poner más atención a esta situación” y a mejorar las seguridades de los funcionarios de la Fiscalía, como en los accesos de los edificios.

Otros fiscales de Guayas también mencionan las circunstancias en que realizan su trabajo, con escasas seguridades, en medio de una ola de violencia marcada por asesinatos por encargo, explosiones, masacres en cárceles, balaceras en barrios y ciudadelas, entre otros eventos que han engrosado la cifra de muertes violentas de este año a nivel nacional: 1.700, del 1 de enero al 29 de mayo pasados, 846 registros por sobre el número de eventos de ese tipo que ocurrieron en el mismo periodo del año anterior (854).

“Cuando vamos a una diligencia, a un levantamiento de un cadáver, un reconocimiento del lugar, vamos solos. Solo el fiscal o el secretario, no nos acompaña ningún miembro policial, salvo si en el sector hay un UPC (Unidad de Policía Comunitaria) se nos suele acercar un policía, mientras tanto no tenemos ningún tipo de seguridad”, dice un fiscal a EXPRESO, quien prefiere que no se mencione su identidad.

Pese a las amenazas que ha recibido en los últimos tres años, él comenta que seguirá haciendo su trabajo, aunque su preocupación aumenta por una reciente directriz administrativa que, asegura, deja vulnerables a los funcionarios del Ministerio Público en Guayas.

Según el memorando del 26 de mayo pasado con el que se comunicó la medida, “los servidores (de la Fiscalía) que deban ausentarse del lugar de trabajo para cumplir con actividades oficiales, es necesario que justifiquen su salida a través de la intranet institucional en la opción ‘Talento Humano’”, de forma anticipada.

Al fiscal consultado y a otros funcionarios les causa admiración de que les “pidan ubicación en tiempo y espacio”: “No nos incomoda que nos pidan a final de semana un informe. El problema que nos generan es por tema de seguridad, que se nos pida información antes de. Esa información se puede fugar a terceras personas. En la misma institución existen funcionarios que se dedican a otro tipo de actividades que obviamente van en perjuicio de la imagen institucional”. Y advierte que una fuga de información también podría comprometer a la integridad de testigos protegidos.

Este Diario solicitó una entrevista a la Fiscalía, pero no hubo una respuesta.

La Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía Provincial del Guayas y Galápagos también está pendiente de recibir una contestación ante un pedido urgente de reunión que hizo al departamento administrativo que emitió la directriz, para exponer la posición de los investigadores.

“Estamos realmente preocupados porque esto puede aumentar la inseguridad de los compañeros, comenta Reinaldo Cevallos, vocero del gremio que ha registrado, al menos, unas diez amenazas que han recibido operadores de justicia de la provincia en lo que va del presente año, cuyas familias esperan que se les dé protección o que cambien de oficio.

Varios fiscales lamentan que desde hace unos años no cuenten con un seguro de vida, que ayude a su familia si les sucede algo por su actividad. Por eso piden a sus autoridades que se retome ese beneficio, debido al alto riesgo de las investigaciones que realizan, sobre todo, en casos de crimen organizado.