La Fiscalía abre dos expedientes en el caso de las anomalías en el sorteo de las acciones de Yunda
Una funcionaria que denunció que se tomaron su nombre para el ingreso de un caso a sorteo es una de las citadas a dar versión
La polémica que atraviesa el Municipio de Quito por la existencia de dos autoridades en la Alcaldía llega a la Fiscalía. Ese organismo abrió al menos dos expedientes para investigar las posibles anomalías registradas en el sorteo de los recursos presentados por el reintegrado alcalde de Quito Jorge Yunda.
Las dos investigaciones previas se habrían abierto en los casos de las medidas cautelares que el juez Carlos Soto concedió a Yunda y de la acción de protección parcial con la que María Belén Domínguez benefició a Yunda.
Una de las llamadas a dar versión es Gabriela Beltrán. Su usuario y clave habrían sido utilizados para ingresar el pedido de medidas cautelares de Jorge Yunda que se registró como pago de honorarios, según denunció la funcionaria.
El juez Soto recibió el caso sin sorteo previo, según señaló públicamente María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura.
Ella deberá acudir a dar su versión el jueves a las 11:30. Su abogado Ciro Guzmán le acompañará a la diligencia. El defensor cree que en el caso existirían varios delitos. Entre ellos, suplantación de identidad, falsificación y uso doloso de documento falso, además de asociación ilícita "porque eso no puede hacer una sola persona", dice el jurista. El juez suspendido también deberá dar su versión.
Añade que "para lograr el acceso con la clave se requiere un desbloqueo desde arriba de quien maneja el sistema informático".
La crisis de la Alcaldía de Quito, lejos de encontrar una luz, se complica. Todos los funcionarios inmersos en el sorteo de recursos y en su trámite son investigados por el Consejo de la Judicatura que además les suspendió tras detectar irregularidades.
La sentencia de la Corte de Pichincha que dejó sin efecto la remoción de Yunda, aunque ese no fue el pedido de la acción de protección, dejó en el aire a Santiago Guarderas, quien estuvo 12 días en el cargo.
Los concejales creen que la Corte Constitucional debe dirimir en el caso al existir dos sentencias contradictorias.
