La Fiscalía se abstiene de acusar a Gabriela Pazmiño y a Michel Bucaram
La expresentadora de televisión y su cuñado eran investigados dentro de un proceso por delincuencia organizada relacionada a la venta de insumos a hospitales
La Fiscalía ha presentado un dictamen abstentivo a favor de la expresentadora de televisión Gabriela Pazmiño, su cuñado Michel Bucaram y Stefano Adum, quienes eran parte del proceso de delincuencia organizada que se abrió en contra de los hermanos Bucaram y Salcedo por la venta irregular de insumos médicos a hospitales de Guayaquil.
Según pudo conocer este Diario, la Fiscalía no encontró elementos que relacionen a estos procesados al delito que se investiga. Ni Stefano ni Michel ni Gabriela tienen correspondencia de transferencias de fondos con el resto de vinculados ni triangulación telefónica. Sus nombres tampoco constan en las bitácoras de los edificios allanados ni en los contratos que se investigan.
El pasado 31 de julio, la jueza de garantías penales Gianella Noritz dictó prisión preventiva para Abdalá, Michel y Jacobo Bucaram, los hermanos Noé y Daniel Salcedo y otras seis personas por asociación ilícita por la venta de insumos médicos. También dictó prohibición de salida del país y presentación diaria a Gabriela Pazmiño, y a otras dos personas más, dentro de la misma investigación. Sin embargo, como Pazmiño nunca cumplió con las medidas, meses después se le dictó prisión preventiva.
La Fiscalía reformuló cargos a delincuencia organizada y a inicios de octubre pidió que se vincule a la investigación a Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del IESS, y a la exgerenta del hospital de Los Ceibos, Susana Mera.
Según el Ministerio Público, los procesados se asociaron para comercializar de forma irregular insumos médicos a hospitales de Guayaquil “obteniendo ingresos económicos que no habrían sido justificados al sistema financiero” y tiene en la mira 13 convenios de pago y varias ínfimas cuantías y subastas inversas que se aprobaron en el Teodoro y en Los Ceibos entre 2016 y 2019.
Las casas de salud gastaron 8,1 millones de dólares solo en los convenios de pago concedidos a empresas que, en su mayoría, ni siquiera cumplían con los requisitos para comercializar material médico.
