Fiscalía alista su dictamen en el caso Reconstrucción de Manabí
Se investiga un presunto peculado en el que está imputado Jorge Glas
La etapa de investigación del caso Reconstrucción de Manabí terminó. La instrucción fiscal ya cumplió los 120 días de plazo para que la Fiscalía General reúna las evidencias sobre un delito de peculado que supuestamente involucra a altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa, entre estos el exvicepresidente Jorge Glas.
Ahora, la Fiscalía se prepara para la siguiente fase del proceso penal conocida como etapa intermedia. Consiste en pedir fecha para la audiencia preparatoria de juicio y de presentación de dictamen fiscal.
Otros procesados en este caso son Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, Walter Solís, exministro de Obras Públicas y Transporte (MTOP), Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico; Boris Córdova, exministro de Transporte.
También Franklin Bernal y Omar Chamarro, exsubsecretarios de Obras Públicas; y Víctor Jaramillo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras (SECOB) y Milton Maldonado, exdirector de Inmobiliar.
Para la Fiscalía, tras el terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí y Esmeraldas, mediante el Decreto Ejecutivo 1004 se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, que estuvo presidido por el exvicepresidente Glas y que para dar seguimiento a las acciones de dicho Comité, se creó la Secretaría Técnica a cargo de Carlos Bernal.
En este contexto, el 20 de mayo de 2016 se expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto, cuyo propósito era recaudar contribuciones solidarias que permitieran la planificación, construcción, reconstrucción de la infraestructura pública y privada, y la reactivación productiva.
Mediante esta Ley, entre 2016 y 2020, se recaudaron 1.614’348.387,20 dólares (monto por las contribuciones solidarias y 2% de IVA).
En la sesión del Comité llevada a cabo el 22 de mayo de 2017, se priorizó el financiamiento de 584 proyectos, luego de la exposición presentada por Pablo Ortiz, en la que se incluyeron otros sectores que no fueron conocidos en sesiones anteriores y sin que se contara con la aprobación de los otros miembros del Comité en esa fecha.
A decir de Fiscalía, “este fue un medio para eludir procedimientos de contratación pública al priorizarse proyectos distintos a los que debían ser catalogados como emergentes y favorecer a terceros en perjuicio del Estado ecuatoriano”.
La investigación de Fiscalía determinó que existiría un presunto abuso de dinero público en beneficio de terceras personas, naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos.
La investigación se ha centrado en treinta proyectos a cargo de seis entidades ejecutoras, cuyo valor global asciende a 367’478.972,30 dólares, aproximadamente, financiados con fondos de la Ley de Solidaridad.
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