La Fiscalía allana las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana

La Fiscalía General del Estado allana las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Quito. El presidente de la institución, Andrés Fantoni, confirmó que se realiza la operación fiscal. El allanamiento llega luego de que una nueva mayoría afín al correísmo en el pleno del Consejo tomara decisiones como la de reconocer a un nuevo superintendente de Bancos en lugar del designado y ganador del proceso. 

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El mismo Fantoni confirmó a EXPRESO que la Fiscalía le notificó que el allanamiento responde a una denuncia presentada por Roberto Romero von Buchwald, quien era el superintendente de Bancos designado y a la espera de su posesión, pero que la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desconoce. Esta nueva mayoría está integrada por los afines al correísmo Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; junto con la aliada Nicole Bonifaz.

¿Cuál es el origen del problema?

Tras la destitución de Juan Esteban Guarderas como consejero del CPCCS, asumió el cargo Eduardo Franco Loor, afín al correísmo. Esta posición se fortaleció en el pleno del Consejo. Con el voto de Nicole Bonifaz hicieron mayoría y tomaron algunas decisiones en la más reciente sesión. Entre ellas, la de remover de la Vicepresidencia del Consejo a Johana Verdezoto y colocar en su lugar a Yadira Salto, miembro de esta nueva mayoría. 

Además, decidieron devolver a la Corte Nacional de Justicia la terna para el proceso de selección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Y la decisión que origina el allanamiento es el desconocimiento de la designación de Roberto Romero como superintendente de Bancos y en su lugar entregarle el cargo de Raúl González Carrión. ¿Quién es Raúl González Carrión? Él integró la terna que remitió el entonces presidente Guillermo Lasso para la superintendencia de Bancos. Es designado y a través de una decisión judicial es removido del cargo. En su lugar fue colocado Romero, pero la Asamblea se negó a posesionarlo. 

González lleva el caso hasta la Corte Constitucional. Hace pocos días este instancia resuelve que la decisión judicial con la que fue privado del cargo fue improcedente, pero se abstiene de regresarle el cargo. La sentencia de la jueza ponente Alejandra Cárdenas recoge que la sentencia no puede "afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección". 

Esta parte en específico es la que interpreta la nueva mayoría del Consejo a favor de su tesis. Aseguran que la designación de Romero no se consolidó porque no ha sido posesionado por la Asamblea, por lo que es González quien, a criterio de ellos, debe ser el nuevo superintendente de Bancos. 

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