Una Fiscalía sin la espada de la Judicatura sobre su cabeza

Aunque la Constitución dice que la Fiscalía es un órgano autónomo, en la práctica depende de la Judicatura para seleccionar a sus fiscales, promoverlos, sancionarlos o evaluarlos.

Este cordón quiere ser cortado por el gobierno. Con la pregunta 2 de la Consulta Popular se pretende un cambio en el Código Orgánico de la Función Judicial para dar mayor independencia a la Fiscalía General.

Juan Pablo Albán, exvocal de la Judicatura de transición, explica que de aprobarse, la Fiscalía tendrá la capacidad de autogestionarse, tomar sus decisiones sobre el personal e impulsar sus procesos disciplinarios.

Albán indica que esto ni la independencia o la falta de esta debería afectar la calidad de las investigaciones. “No hemos sabido que la falta de autonomía completa haya impedido que la Fiscalía lleve a cabo sus labores en el sentido técnico, lo que le impide es la falta de personal, de formación, capacitación”.

La única preocupación que tiene es que “la Fiscalía entienda la autonomía como una especie de autarquía... hay que tomar las salvaguardas para evitar que esa independencia termine convirtiéndose en discrecionalidad y arbitrariedad”.

Washington Pesántez, exfiscal General, también está por la línea de que la Fiscalía sea una entidad completamente autónoma de la Judicatura. “La falta de autonomía ha hecho que no se implemente el número de agentes. Para nombrar 20 fiscales se han demorado dos años”.

Su criterio es que la Defensoría Pública debe también hacer valer su autonomía, avalada en la Constitución, para que el sistema de justicia se descentralice de “un monstruo con cinco personas que no se ponen de acuerdo”. Pesántez critica que en los anexos de la pregunta se habla de crear un Consejo Fiscal. “Eso es más burocracia y va a pasar que será una designación de carácter político (la de los consejeros)”.

El constitucionalista Diego Núñez, profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales, dice que la pregunta “tiene sus puntos positivos y tiene sus puntos negativos”. Lo positivo, dice, es que la Judicatura no podrá influir en las investigaciones a partir del control disciplinario de los agentes investigadores. “Como negativo puede ser cómo se utilice, pues la potestad disciplinaria puede dar más poder al Fiscal General”. El jurista dice que, por ahora, un freno a la Fiscalía es que para las destituciones de por error inexcusable necesita de un pronunciamiento jurisdiccional previo, como dictaminó la Corte Constitucional.

Personal insuficiente

La falta de fiscales es un problema administrativo que no ha resuelto la Judicatura, aunque en 2022 nombró 76 fiscales. Con la consulta, la propia Fiscalía podrá seleccionar personal a través de concursos de méritos.

• Democracia. El 5 de febrero, durante las elecciones seccionales, se realizará la Consulta Popular sobre 10 temas.