Fiscalía indaga a Celi por denuncia de un abogado
Un denunciante señala al funcionario por supuesto tráfico de influencias. El contralor aún no habría recibido la notificación
El abogado Alejandro Rodas Coloma reconoció ayer una denuncia presentada en contra del contralor subrogante Pablo Celi de la Torre, en la que pide investigar un posible delito de tráfico de influencias.
Rodas estuvo en la Fiscalía a las 10:00. Dijo que la denuncia se presentó el 11 de enero por el supuesto desvanecimiento de una glosa de 112 millones en favor de una operadora de telefonía móvil.
Rodas señaló que espera que en el expediente se llame a que rinda versión el contralor Celi y otros. Según el denunciante, en el caso de la glosa habrían existido favoritismos para la operadora, debido a que se trataba de una glosa que técnicamente era imposible de desvanecer. “Pablo Celi es quien firma y quien desvanece la glosa, es la máxima autoridad que está en funciones, es el representante de la Contraloría quien perdonó, a través del desvanecimiento de la glosa, 112 millones de dólares”, aseguró. Añadió que es tarea de la Fiscalía investigar el caso.
En su cuenta de Twitter escribió: “¿Amigos, saben porqué mi lucha? Simple: con 112M desvanecidos en favor de @ClaroEcua, el Estado pudo hacer más escuelas, hospitales, contratar médicos y docentes, crear obra pública. Destruir los sueños de los más necesitados, es algo que NO lo permitiré!”.
En 2019 en varios medios digitales circuló la información relacionada con la resolución 17343, con la que el contralor habría desvanecido una glosa, que en primera instancia habría sido validada por dos funcionarios de la Contraloría: director y administrador de Gestión de la Dirección de Responsabilidades de ese organismo. Para ese efecto no se habría tomado en cuenta el criterio favorable del técnico que impulsó la investigación.
Se argumentó que el no pago de los 112 millones de dólares no solo habría beneficiado a la operadora mencionada, sino a varios exfuncionarios del Gobierno anterior relacionados con el sector de las Telecomunicaciones que habrían establecido el monto de la concesión del espectro adicional de la banda de 1900 MHz y AWS. Para ello no habrían existido estudios ni económicos y técnicos.
Según información proporcionada por la Contraloría, la glosa se predeterminó debido a que auditoría no encontró el informe técnico base con el cual se estableció el costo de ampliar la nueva banda.
Pero, dentro del debido proceso, la empresa Conecel, entregó como prueba de descargo a la predeterminación de responsabilidad el informe técnico presentado por la Asociación de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (Aseta), que establece el valor del nuevo espectro y el cálculo.
Habría sido el análisis de esa documentación la que permitió establecer que no habría existido perjuicio económico para el Estado ecuatoriano, por lo que no se ratificó la sanción.
La predeterminación se había impuesto en septiembre de 2018 y el supuesto desvanecimiento ocurrió nueve meses después.
En el examen especial de septiembre de 2018 la Contraloría había determinado que los tres millones de dólares por MHz para la nueva concesión de 60 MHz de ancho de bandas no se sustentó en un informe técnico y económico.
Pero el contralor Celi el 20 de octubre de 2019 ya se refirió al tema en declaraciones públicas. Aclaró en ese entonces que no se había eliminado una glosa a esa operadora. “Se ha tomado una decisión sobre una predeterminación, que es un proceso previo para determinar responsabilidades”, mencionó.
Ese día el contralor explicó que durante el proceso los señalados pueden presentar sus argumentos técnicos y al organismo de control le corresponde por obligación analizar esos descargos. Precisó que en el caso de la operadora no existió ningún tipo de glosa que se hubiese desvanecido.
En diciembre de 2019, el contralor en una entrevista a Diario EXPRESO sobre ese tema reiteró que no fue improvisado. Llevó meses de análisis y “ se refieren a la predeterminación de responsabilidad que se derivó de un proceso de auditoría, en donde no se evidenciaban las bases técnicas que sustenten una metodología de cálculo para establecer el valor de la ampliación de banda que el Estado había concedido”.
El funcionario añadió que solo se cumplieron los procesos legales en ese y muchos otros casos porque es un mecanismo normal de trabajo de la Contraloría.
La cifra
111,9 millones fue la predeterminación de glosa establecida en contra de una operadora.
El detalle
En octubre de 2019 el contralor Pablo Celi ya aclaró que no hubo tal desvanecimiento y que en el proceso la operadora presentó el informe requerido.
