La Fiscalía indaga cómo Fabiola Gallardo compró lujosa oficina
La expresidenta de la Corte del Guayas no incluyó la adquisición en su declaración. Aparecen nuevos investigados en el caso
Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas, quería asegurar su futuro a través de inversiones en bienes y raíces. El 20 de mayo de 2021 firmó, en la Notaría Sexta de Guayaquil, una promesa de compraventa de una oficina y un parqueadero en el futuro y moderno edificio Soho por 167.132 dólares.
Los detalles de esta transacción constan en el expediente del caso Purga, en el que la jueza penal es procesada por posible delincuencia organizada.
En su última declaración juramentada ante la Contraloría, que data de 2022, Gallardo no informó sobre la compra de este inmueble. Solo consta una hipoteca contraída en 2009 para su vivienda en Samborondón.
En 2021, mientras la jueza separaba la oficina, la promotora inmobiliaria le hizo llenar un formulario de debida diligencia, con el que declaraba que los fondos usados para la compra eran de origen lícito. Sin embargo, no especificó la forma de financiamiento. Dejó en blanco los espacios referentes a si serían pagos en efectivo, por transferencias, etc. Lo que sí escribió fueron los nombres de sus personas de confianza que servirían como referencias.
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Como uno de sus contactos señaló a Mercedes Villarreal, exdirectora encargada de la Judicatura del Guayas, quien ocupó los cargos de directora disciplinaria y ahora es procesada en el caso Purga.
Según el expediente, la expresidenta de la Corte del Guayas canceló, hasta su arresto, 31 cuotas, que sumaron 62.599 dólares. Dejó pendientes por cancelar 104.776 dólares.
Estos datos surgen cuando la Fiscalía está a punto de cerrar la instrucción fiscal. El próximo lunes 3 de junio está previsto que la Fiscalía finalice la fase de investigación. No obstante, está en proceso la entrega de información financiera, de notarías, del sistema bancario, así como diligencias de extracción de información sobre los procesados y sobre otras personas cuyos nombres han surgido en los últimos días.
Por ejemplo, la Fiscalía pidió a la Unidad de Análisis Financiero que remita información sobre las transacciones y movimientos económicos de 12 personas. Entre estas constan Javier Medina Bazurto, Bryan Batioja Gruezo, Luis Cahuana y Luis César Samaniego Aguilera, funcionarios públicos del Municipio de Guayaquil hasta 2020, según sus últimas declaraciones patrimoniales a la Contraloría.
También están abogados, emprendedores y proveedores de servicios para el Estado. En este nuevo listado de investigados aparecen los nombres de Víctor Ricardo Tabara Castro, quien fue asesinado en enero de 2022 al ser baleado en Durán, y Víctor Geovanny Toala Guerrero, quien es uno de los beneficiarios de predios rurales entregados por el Ministerio de Agricultura en 2021.
Toala Guerrero, de hecho, aparece en el mismo listado junto con Fausto Alarcón, primo del exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, cuando ambos fueron beneficiarios de adjudicaciones por posesión agraria realizadas en el predio Mariva-Laminper, el cual es parte de un proceso de redistribución irregular de tierras ubicadas entre Durán y Yaguachi.
Todavía no está claro si la Fiscalía pedirá una vinculación y extenderá la fase de instrucción fiscal. Mientras se define esto, la entidad pidió el martes pasado una autorización para materializar los correos electrónicos de Fabiola Gallardo y otros jueces procesados, como Johann Marfetán, Reinaldo Cevallos, Henry Taylor, Nelson Ponce, Alberto Lino Tumbaco, Guillermo Valarezo y otros.
Si la Fiscalía termina la instrucción, el siguiente paso es la presentación de su dictamen basado en los elementos que ha logrado recopilar. La Procuraduría también debe presentar su acusación particular.
Quien ya se presentó como acusador particular es el Banco del Pacífico, que solicita una reparación de $ 6,5 millones.
Lo que se sabe del proceso
El próximo lunes, si Fiscalía no pide vinculación, se cierra la fase de instrucción fiscal del caso Purga.
El precio de la oficina
167.132 dólares es el precio de la oficina de 68 metros cuadrados adquirida por Gallardo en Guayaquil.
“No hay beneficios”
Para la defensa de Fabiola Gallardo, las imputaciones de la Fiscalía carecen de sustento. Centra su defensa en el argumento de que no hay beneficios que ella haya concedido, ya sea por amistad o a través de la intimidación de jueces, para el exasambleísta Muentes, quien según la Fiscalía era conocido como “el amigo”. La defensa sostiene que fueron peritos los que determinaron que en el juicio del Banco de Pacífico vs. Muentes, este último ya había cancelado un préstamo. También indica que Gallardo no benefició ni a Adolfo Macías (alias Fito) ni a Daniel Salcedo.
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