La Fiscalía investiga a un juez del Tribunal Contencioso Electoral

Guillermo Ortega Caicedo, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es investigado por el delito de concusión. El caso se basa en una denuncia de Andrés Pasquel, presidente del colectivo Frente Ciudadano por el Ecuador, presentada en octubre pasado.

Como parte de las diligencias investigativas, este martes 12 de noviembre, se presentó en la Fiscalía General Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, nombrado por Wilman Terán, para rendir su versión libre y sin juramento. Así lo dispuso el fiscal general subrogrante, Wilson Toainga.

En su ingreso a la entidad pública, Hernández lució un uniforme naranja, pues está detenido por el caso Plaga, en donde es procesado por delincuencia organizada.

El 6 de septiembre, Hernández acusó al juez Ortega, de haber recibido 30.000 dólares por parte del prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, quien fue enjuiciado en el TCE por violencia política de género.

Hernández reveló este presunto pago ilícito durante su testimonio anticipado en el caso Plaga, en el que están investigados varios jueces por la liberación de narcotraficantes, asesinos, violadores, traficantes de personas, etc, a través de acciones constitucionales.

Según el testimonio anticipado, el prefecto Tayupanda no estaba conforme con la asesoría jurídica que le daba Hernández y contrató a otros dos abogados. Dijo que los otros abogados habrían logrado el fallo favorable para el prefecto a través de prácticas corruptas, quien fue denunciado por la viceprefecta de Chimborazo, Mónica Loza.

En su momento, el juez Ortega negó las acusaciones. “En mi calidad de juez de TCE y ciudadano rechazo las falacias vertidas sobre mí por el procesado Michael Hernández, a quien no conozco. Mi compromiso con la verdad y la justicia es firme y estoy plenamente dispuesto a colaborar con las autoridades en cuanto se requiera", dijo.

¿Quién es el juez Ortega?

Guillermo Ortega falló a favor de impedir la inscripción del exprecandidato a la Presidencia, Jan Topic, por los conflictos de sus empresas en unos contratos con fotorradares como, por ejemplo, con el GAD de Manta.

Ortega también desechó la denuncia de primera instancia en contra de Alembert Vera y Marcela Aguiñaga sobre una infracción electoral muy grave al haber recibido el respaldo del correísmo en redes sociales para llegar al CPCCS y a la Prefectura del Guayas. En segunda instancia, el pleno del TCE dio paso a la multa y pérdida de derechos políticos de Vera y se ratificó la inocencia de Aguiñaga.

Participó en el reciente concurso para Defensor Público y fue descalificado por ser juez electoral.

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