En la Fiscalía, Iza amenaza con nuevas jornadas de protesta y Vargas pide traductor

Jaime Vargas, presidente de la Conaie, no rindió su versión sin juramento en la Fiscalía. Había sido convocado a las 08:30 de este lunes 14 de diciembre de 2020 por ese organismo que investiga un posible delito de terrorismo que se habría registrado durante las protestas de octubre de 2019.

Vargas, quien ya ha sido convocado en otros expedientes abiertos tras las violentas protestas argumentó que necesitaba un 'intérprete traductor' en su lengua. Estuvo acompañado por decenas de indígenas que acudieron hasta la Fiscalía General que estuvo rodeada de vallas y custodia policial.

La denuncia fue presentada el año pasado por el exvicepresidente Alberto Dahik, indicó Gonzalo Bravo, patrocinador del exvicepresidente. Bravo recordó que durante las jornadas de octubre que habrían provocado al menos 800 millones de dólares en pérdidas económicas a distintos sectores. 

Hubo además más de decenas de aprehendidos, más de 1.000 heridos, entre policías, militares y manifestantes y casi una docena de personas fallecidas por distintas circunstancias. En las protestas de octubre hubo secuestros, retenciones, saqueos, vandalismo y destrucción del patrimonio de la ciudad, según las denuncias presentadas por representantes del Municipio capitalino.

El abogado señaló que en esos días "claramente el señor (Vargas) dio una orden, eso consta en audios y en vídeos en la investigación, el cierre de las llaves de los pozos petroleros". Por uno de esos incidentes y la toma del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) fue sentenciado el asambleísta Yoffre Poma y otros sospechosos de paralizar las tareas peroleras que habrían generado casi dos millones de dólares por más de dos horas de cierre.

Bravo reiteró que la Fiscalía efectúa las investigaciones al respecto. El de Vargas es uno de los alrededor de 800 expedientes abiertos por la entidad por las protestas de octubre. Hubo también procesos por el incendio de la Contraloría. Al momento no existen personas detenidas. 

El caso de Paola Pabón, la prefecta de Pichincha investigada por el presunto delito de rebelión junto con el exasambleísta Virgilio Hernández y Christian González espera fecha de juicio. Vargas insistió que acudió a responder a la justicia y a colaborar con la Fiscalía pero mencionó que los dirigentes han sido denunciados "por un ciudadano prófugo de la justicia que durante 20 años no respondió por el saqueo a los recursos". 

Además dijo que si por luchar tienen que ir a la cárcel están dispuestos. Sobre el pedido de un intérprete traductor en Achuar para su versión reiteró que es un derecho constitucional que no busca dilatar el proceso y que es obligación del Estado respetar los derechos.

Por su parte Leonidas Iza, quien había sido llamado a las 10:00, consideró que está claro que "es una persecución política" y señaló a Dahik como parte del equipo del gobierno del presidente Lenín Moreno". Calificó como "delincuentes pandilleros han regresado a poner acusación a los compañeros que estamos luchando, no hay delitos particulares de actos violentos o de acto común y corriente, los de octubre fue todas las formas de lucha", añadió.

Además amenazó con nuevas acciones. Anunció que están haciendo una convocatoria nacional a los transportitas y sectores productivos porque si tienen que ir hacia medidas de hecho lo tendrán que hacer. Se quejó que los productos agrícolas "están por los suelos", pero los que provienen de la industria no han bajado los costos. Por eso convocó a un frente común de acción. Será una planificación que irá tomando forma. Negó relaciones con los correístas o con los actos delincuenciales de octubre

Finalmente Carlos Poveda abogado de los dirigentes dejó constancia que han acudido en forma respetuosa ante la Fiscalía "no es nuestra responsabilidad que faltó un intérprete es un derecho constitucional, se ha cumplido tiene que seguir el fiscal investigando vamos a solicitar elementos de descargo".

Defendió las expresiones de Vargas durante las protestas en las que llamó a cerrar las llaves de los pozos petroleros, porque dijo que son expresiones más que órdenes, ni es ninguna disposición u órdenes vinculantes.

Informó que cada uno de los dirigentes afronta al menos siete investigaciones previas y que es la segunda ocasión que una versión no se concreta por falta de intérprete y adjudicó esa responsabilidad al Estado. "No es un capricho en otras fiscalías ya han facilitado", puntualizó.