La Fiscalía llega a un acuerdo con dos detenidos en caso que implica a Tuárez
Los procesados autorizaron un procedimiento abreviado tras la versión que rindieron ante el fiscal que lleva la investigación por asociación ilícita.
Al pedido de revisión de medidas cautelares que han solicitado cuatro de los 33 procesados en el delito de asociación ilícita, que implica al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez; se suma otra solicitud que deberá atender —en diez días— la jueza Marcela Ortega, de la Unidad Judicial Sur de Guayaquil.
Este 16 de diciembre, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, quien investiga el caso, pidió a la servidora judicial que trate la admisibilidad del procedimiento abreviado al que se acogieron dos de los imputados.
Se trata de Marco Vinicio Vivanco Correa y Pablo Roberto Llanes, quienes habrían aceptado la propuesta que les hizo el funcionario para que se acojan a ese mecanismo, que aplica con ciertas condiciones; entre ellas, aceptar voluntariamente su participación en la infracción.
Vivanco y Llanes son investigados junto con otros 31 procesados, entre ellos Tuárez, por la presunta venta de cargos públicos, particularmente de la Dirección de Aviación Civil. Puesto por el que supuestamente se pedía cuatro millones de dólares, según las investigaciones que dieron paso al operativo Emperador, ejecutado el pasado 28 de noviembre, en seis provincias del país.
Suárez espera que la jueza trate su solicitud, dentro de la audiencia que convocó para el próximo 26 de diciembre. La diligencia está prevista para atender los pedidos de revisión de medidas cautelares que solicitó Renata Jalkh Roben, hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh; además de Christian Tamayo Palacios, Ador Sanjudo Oton y Vilma Jesenia Velasco Amores. Los cuatro permanecen con la prisión preventiva.
Hasta el momento, solo Vivanco y Llanes han autorizado el procedimiento abreviado y lo hicieron dentro de la versión libre y voluntaria que rindieron ante el fiscal, quien —el pasado jueves— acudió al centro carcelario de Guayaquil para realizar esas diligencias. Se conoció que también receptó la versión de José Tuárez.
Ayer, la Fiscalía tenía previsto receptar otras seis versiones, pero solo acudieron dos de los citados a la Unidad de Administración Pública.
En paralelo, la jueza Ortega autorizó al fiscal para que disponga a peritos de Criminalística y Ciencias Forense de Guayaquil, procedan con la extracción de la información que contienen más de setenta dispositivos electrónicos (entre teléfonos celulares, tablets, computadoras) que fueron incautadas durante el megaoperativo que se desplegó en noviembre.
