La Fiscalía pide a 11 instituciones información relacionada a los fondos de la reconstrucción

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dispuso el pasado 28 de mayo que se realicen más diligencias relacionadas a la investigación previa por el delito de tráfico de influencias que se sigue en contra del exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal, y otros funcionarios del Gobierno del expresidente Rafael Correa,  por el manejo de los fondos destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.

En una notificación enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Salazar informa que pidió a 11 instituciones que remitan en un plazo de cinco días documentos relacionados al uso de estos recursos y los nombres de las personas que estaban a cargo de su administración. El documento es remitido luego de que el CPCCS le pidiera que le informe el estado de investigaciones por casos de corrupción denunciados por el organismo.

En 2019, la Contraloría hizo un examen especial a los convenios interinstitucionales suscritos con varias entidades públicas; gastos generados en los procesos de contratación de servicios comunicacionales y publicidad; y de las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de los proyectos de reconstrucción en varias zonas de Manabí y Esmeraldas y determinó indicios de responsabilidad penal.

Meses atrás, el CPCCS ya había emitido un informe en el que revelaba la existencia de presuntas irregularidades en el uso de recursos utilizados en la reconstrucción y planteaba investigar a Bernal por peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. En abril de este año, el Consejo instó a la fiscal a que siga con la investigación pues hasta el momento no existían responsables del mal manejo del dinero.

Entre las nuevas diligencias, Salazar le pide al contralor Pablo Celi que le informe si además de los informes con indicios de responsabilidad penal antes emitidos existen otros relacionados con la administración de los fondos recaudados por contribuciones previstas por  la Ley de Solidaridad, controlados por el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva desde mayo de 2016 a mayo de 2017.

Además, le solicita al jefe del Registro Civil copias certificadas de datos de filiación del árbol genealógico de Carlos Bernal, Susana Dueñas, exsecretaria de Gestión de Riesgos y otras dos personas.

Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas le pide información relativa a los procedimientos y protocolos técnicos de aplicación en la demolición, remoción y transporte de escombros luego del terremoto, así como de las entidades y personas que participaron en dichas actividades. A Vivienda, que le informe de la inversión de los 575 millones de dólares para la reconstrucción de viviendas, así como sus contratos, administradores, inversores, empresas contratantes. 

También solicita información similar a Salud por la reconstrucción de hospitales y a Finanzas sobre los recursos recaudados mediante la Ley.

Cuestionada hace días por EXPRESO por los casos que parecen estar detenidos, Diana Salazar dijo que la Fiscalía estaba haciendo un "seguimiento importante" en el tema de la reconstrucción. 

"En algunos casos que tienen que ver con la contratación y la construcción de hospitales, la Fiscalía ya inició la respectiva instrucción fiscal, incluso hay una que ya tiene sesenta días de avance cuando apenas se está conociendo en público sobre posibles sobreprecios", mencionó.