La Fiscalía presenta acusación contra sospechosos de tres muertes ocurridas el 30S
La diligencia se instaló en el Complejo Judicial norte este sábado 28 de mayo de 2022. La jueza negó los vicios alegados por los defensores
La jueza Luz María Ortiz negó este sábado 28 de mayo de 2022 las alegaciones de vicios presentados por los defensores de los nueve procesados por el presunto delito de homicidio de tres uniformados ocurrido el 30 de septiembre de 2010.
La resolución fue anunciada durante la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en el Complejo Judicial Norte de Quito. Uno de los abogados de los procesados en el caso, Paúl Ocaña, señaló que lo que se pretendía era que se declare la nulidad del caso por vicios de procedimiento.
#ACTUALIZACIÓN | Jueza declara la validez de todo lo actuado hasta ahora en el proceso y rechaza los vicios de nulidad planteados por las defensas. #FiscalíaEc continuará con la presentación de su dictamen acusatorio. #FiscalíaContraElDelito
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 28, 2022
El abogado argumentó que a su defendido no le notificaron que estaba siendo investigado y con ello se vulneró el Art. 282 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Además, también aseveró que no le han permitido presentar documentación de testigos expertos y eso vulneraría el principio de libertad probatoria. Pero la jueza negó dichas solicitudes argumentando que no se vulnera ningún derecho.
De inmediato Ortiz reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra nueve militares, procesados por su presunta participación en el asesinato del policía Froilán Jiménez y de los militares Jacinto Cortez y Darwin Panchi que, según la Fiscalía, fue cometido bajo la modalidad de ejecución como grave violación a los derechos humanos.
De inmediato la Fiscalía empezó con la presentación del dictamen acusatorio en contra de los nueve sospechosos con una acusación general. Los procesados son oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo y activo que participaron en la operación Rescate que se empleó para la evacuación del expresidente prófugo, Rafael Correa, quien se atrincheró en el hospital de la Policía el día de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
Entre ellos Luis Castro, Hegel Peñaherrera, Jorge Peña y otros integrantes del grupo de Fuerzas Especiales que participó en los hechos.
La Fiscalía investigó y procesó a los sospechosos amparada en el artículo 140, numerales 2, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con entre 22 y 26 años de cárcel a la persona que mate a otra. Eso, en concordancia con los artículos 27, 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
