La Fiscalía no probó los hechos atribuidos a los Bucaram

Antes de ratificar la inocencia del expresidente Abdalá Bucaram y de su hijo Jacobo, el juez Giovanny Freire anunció que la resolución que emitiría correspondería únicamente a la verdad procesal. Dijo que eso era independiente del nombre de los sujetos procesales.

Freire hizo varios discernimientos previos al sobreseimiento. Dijo, por ejemplo, que “lo que se resuelve es la situación jurídica de seres humanos”. Analizó que, dado lo mediático del caso, no tenía nada ni en favor ni en contra de los sujetos procesales.

“Estoy consciente de las consecuencias que pueda traer mi resolución, independientemente de cuál sea esta”, aclaró. Además de Bucaram, fueron sobreseídos Bryan Pérez y Verónica Araujo. El juez recalcó que el argumento que ha logrado obtener es que no tienen un rol fáctico definido, pues son compradores de pruebas rápidas COVID-19 de manera privada y que no se conocen entre sí.

Manifestó que todos quedaron pendientes de la entrega de las pruebas o de la entrega de la totalidad del dinero producto de las ventas de pruebas. Consideró que no existe un nexo empresarial de la organización criminal que implique en sentido de pertenencia, tampoco se puede establecer criminalidad sobre el almacenaje de dichas pruebas que tienen origen licito y privado. Aclaró que no fueron negociadas en hospitales públicos, por lo que se considera que los elementos no llegan a ser suficientes para dictar un llamado a juicio porque los hechos no pudieron ser comprobados conforme a los elementos obtenidos dentro de la instrucción fiscal.

Habló de la llamada que recibió Shy Dahan en la cárcel y que habría sido efectuada por el expresidente Bucaram, en la que se ofrecía un procedimiento abreviado con la anuencia de funcionarios judiciales sin decir quiénes eran y citó un informe de cotejamiento de voces cuando había una firma de no consentimiento de entrega de voz.

En cambio, el juez resolvió llamar a juicio al israelí Sheinman Oren, al exagente de Tránsito Leandro Berrones y a Orietta Marengo (prófuga).

Dijo que Berrones y Marengo se organizaron con Sheinman Oren y con el fallecido Shy Dahan para realizar estafas aprovechando la pandemia de COVID-19, que se vive hasta el momento en el país.

Las acciones, que se dirigieron a realizar negociaciones con mascarillas y pruebas rápidas para la detección del virus, fueron ejecutadas principalmente en Quito y Guayaquil, indicó el juez. Responsabilizó al fallecido ciudadano israelí de tener como forma de vida y modus operandi llevar a cabo estafas de gran magnitud económica. Muestra de ello es la existencia de alertas de Interpol y una fuga de una cárcel extranjera. Añadió que no se logra entender cómo ingresó esta persona peligrosa al Ecuador, ya que tenía un historial delictivo internacional.

Concluyó que el fallecido se organizó para ejecutar los actos delictivos con su colega israelí. Ambos aparentaban ser empresarios exitosos, al punto de vivir en un lugar exclusivo de Quito, y se transportaban en vehículos de alta gama, escoltados por policías metropolitanos que fueron parte de la seguridad de la Vicepresidencia.

Omisiones

Debían haber pedido varias versiones

El juez cuestionó que en el caso, sí existe un documento de importación de pruebas COVID-19 y una guía de remisión en nombre de Bryan Pérez. A ese documento no se hizo referencia en la acusación.

Para el juez Geovanny Fuentes, pudo haber sido importante llamar a dar su versión al agente que hizo la desaduanización y “con ello se pudo corroborar sin muchas pruebas si hubiera alguna anomalía en la importación”.

Citó que Pérez dice en su versión que no conoce a Jacobo Bucaram. No sugieren movimientos inusuales de los procesados.

Añadió que como elementos se toman noticias de los medios cuando las noticias pueden conllevar a errores o no ser parte de la verdad procesal.

El detalle

Incidentes. Al final de la audiencia, los defensores con gritos interrumpieron la intervención de la fiscal.