Fiscalía reprocha la poca contundencia de los jueces ante las investigaciones

Sorprendida y molesta. Así reaccionó la fiscal Diana Salazar por los resultados de la formulación de cargos en la que el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, recibió medidas alternativas y no la prisión que pidió la Fiscalía.

La Fiscalía hizo un llamado a los demás órganos del eje de justicia para que asuman esa responsabilidad con mayor entereza y contundencia en el marco de sus competencias, dijo en un comunicado.

Luego, en Ecuavisa la fiscal recordó a los jueces que el sistema de justicia es un engranaje y que desde ellos se “está dando un mensaje a la ciudadanía de que aquellos casos de corrupción, no importa cuánto sea el perjuicio, tienen la posibilidad de que sigan realizándolos”. Por otro lado, mencionó que no se actúa de la misma forma en los casos menores, como el robo de un celular, en los que sí se dictan medidas relacionadas con la prisión preventiva.

Reconoció que es una medida excepcional y que debe ser aplicada en casos de corrupción en los que se están robando los dineros del pueblo. “¿Querían las cabezas? Ahí están las cabezas. Pero no para que estén menos de 24 horas privados de la libertad, sino que respondan ante la justicia”, expresó.

Morales recibió prohibición de salida del país, presentación periódica y la colocación de grillete electrónico. El prefecto fue uno de los detenidos en más de una veintena de allanamientos que efectuaron la Fiscalía y la Policía para buscar indicios de corrupción en la compra de insumos, tema que salpicó también a la Prefectura.

Es que las tres audiencias instaladas la noche del miércoles y madrugada de ayer tuvieron tres resultados distintos. Morales fue el más beneficiado. El tráfico de influencias se sanciona con penas de hasta cinco años y es susceptible de sustitución de medidas, y eso es lo que pasó con Morales. El jurista Pablo Encalada señala que por un delito grave como el peculado, sería más factible obtener prisión.

Eso es lo que pasó en la formulación de cargos cumplida en Quito en contra del gerente de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Emaps), Guido Andrade, quien recibió prisión junto con otras dos personas.

Andrade y otras cuatro personas son sospechosos de sobreprecio en la adquisición de implementos. El 28 de mayo, en respuesta a un pedido de información que hizo el concejal Bernardo Abad, reiteró que todo se hizo de acuerdo con la ley. Expuso los detalles del proceso de contratación. Una de las conclusiones fue hablar de fluctuación de los precios de los equipos de protección y la evidencia de especulación. 

En cambio, el expresidente Abdalá Bucaram, por su edad, recibió arresto domiciliario tras una audiencia en la que le formularon cargos por tráfico de armas, por una pistola hallada en su domicilio y de la que no presentó el permiso. La fiscal dijo que las mercancías halladas en su casa son parte de otra investigación por delincuencia organizada y “va a tener que responder él y todas las personas que conformen esta estructura criminal”.