La Fiscalía responde a quejas de la esposa del exdefensor Freddy Carrión
Priscila Schettini pide a la Asamblea Nacional iniciar el juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, responde a las acusaciones vertidas por Priscila Schettini, esposa del exdefensor del pueblo Freddy Carrión, mediante un oficio enviado el pasado 7 de enero del 2022 a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori y los 137 legisladores que la conforman. En el documento, Schettini alega que Salazar hizo “uso indebido del sistema judicial del país” para ejecutar una “persecución política” en contra de su cónyuge.
Un juicio político no revertiría el abuso sexual contra una mujer y ahora quieren utilizarlo en mi contra. Actué conforme manda la Ley, el proceso lo revisaron 10 jueces. Llama la atención que 58 abogados no sepan que los asuntos penales no se ventilan en la Asamblea Nacional. https://t.co/iCUw9mfmSW
— Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) January 11, 2022
Ante esto la entidad judicial comunicó que su directivo principal, Diana Salazar, envió un oficio a la presidenta del legislativo donde enfatiza que el proceso legal que se levantó en contra de Freddy Carrión por abuso sexual, fue valorados por 10 jueces quienes calificaron el actuar de fiscalía en el marco de la constitución y la ley y la ética.
Salazar sostiene que el oficio enviado por Schettini “busca que el sistema legislativo desconozca las decisiones jurisdiccionales, lo cual significa convertir a la asamblea en una instancia jurisdiccional, faltando al respeto al propio estado de derecho”.
El exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, fue sentenciado por los jueces nacionales Marco Rodríguez (ponente), Daniella Camacho y Walter Macías por el delíto de abuso sexual, que habría cometido en contra de la pareja del ex ministro de Salud Mauro Falconí entre la noche del 15 y madrugada del 16 de mayo pasado en una reunión en la vivienda del exministro.
La defensa de Carrión y su cónyuge alega que la fiscal Salazar, quien solicitó al Tribunal que condene a la ex autoridad con la pena máxima, forjó y falseó documentación para lograr la detención ilegal del ex funcionario y ejecutar una “persecución política”.
Ante esto fiscal justificó que “ la discordancia de fechas entre el documento emitido y la fecha de la firma electrónica responde a la formalización de las disposiciones verbales dadas en su momento a los fiscales delegados para este caso, argumentó que debe exponerse ante el órgano jurisdiccional, por ser un tema procesal penal, y no ante el órgano legislativo”.
