La Fiscalía vinculó al esposo y a la asistente de la asambleísta Karina Arteaga
La legisladora es investigada por el posible delito de concusión. La instrucción se extenderá hasta el próximo 23 de enero
La asistente y jefa de despacho de la legisladora Karina Arteaga y el esposo de la asambleísta fueron vinculados a la instrucción fiscal que investiga el posible delito de concusión. La legisladora es sospechosa de haber exigido aportes indebidos a sus colaboradores por medio de terceras personas.
El juez David Jacho dispuso la presentación periódica y la prohibición de salida del país de los dos procesados. La Fiscalía había solicitado su arresto domiciliario y el uso de dispositivo de vigilancia electrónica.
La asambleísta Karina Arteaga recibe cargos por posible concusión
Leer másLos sospechosos habrían recibido en sus cuentas personales transferencias y depósitos en efectivo, por parte de los colaboradores de la funcionaria y de otros de la provincia de Manabí. Según las investigaciones, en el caso de la asistente sería de 10.466,81 dólares y en el caso del cónyuge 32.709,31 dólares.
#ATENCIÓN | #Pichincha: #FiscalíaEc vincula a 2 personas al proceso que se sigue contra la asambleísta Karina A. por presunta concusión. La instrucción fiscal se cerrará el 23 de enero. #FiscalíaContraElDelito
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 8, 2021
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Durante la audiencia de vinculación cumplida este viernes 8 de enero de 2021, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó 32 elementos de convicción. Mencionó pericias de audio a las conversaciones encontradas en los celulares de los procesados y denunciantes, versiones, certificados de cuentas y detalles de movimientos y transferencias. Además, el fiscal presentó pericias de cotejamiento de voces e imágenes, certificados de bienes que figuran en nombre de los procesados.
La Asamblea Nacional levanta la inmunidad de la legisladora Karina Arteaga
Leer másLos procesados tienen prohibido la enajenación de cuentas por 53.000 dólares. La instrucción no se extenderá por 30 días sino solo hasta el hasta el 23 de enero porque la ley prohíbe que el plazo de la investigación se extienda por más de 120 días. El caso inició en septiembre del año pasado.