Fiscalización inicia la etapa de descargos en el juicio político al Consejo de Participación

Durante la jornada del 21 de octubre de 2022, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió las comparecencias de cargo y de descargo en el proceso de juicio político a los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Los siete miembros de la institución son acusados de incumplimiento de funciones por el proceso de designación del superentiende de Ordenamiento Territorial, del contralor general del Estado y la remoción de Fausto Murillo.

La sesión inició con el presidente de la mesa legislativa, Fernando Villavicencio, indicando que el juicio político en contra de los integrantes del Consejo de Participación "puede ser uno de los de mayor trascendencia  en el país" y que la institución "no tiene parangón en otros países". Posteriormente, sobre el superintendente de Ordenamiento Territorial, el exsecretario del Consejo, Carlos Chiriboga, sin dar más detalles, señaló conocer que "en redes circulan algunos audios" que están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, sobre el proceso de designación del titular de la Contraloría General del Estado, la idoneidad como testigo de Chiriboga fue cuestionada ya que, según las interrogantes de la consejera María Fernanda Rivadeneira, él ya no fungía como secretario al momento de la designación del nuevo contralor del Estado. Además, que Chiriboga señaló ser abogado patrocinador de la expresidenta de la institución, Sofía Almeida, en procesos que se están tramitando en la Fiscalía.

Por su parte, el exlegislador Fausto Lupera indicó que la consejera Ibeth Estupiñán mantuvo una reunión con la aspirante a superintendenta de Ordenamiento Territorial, Gianella Jácome, por solicitud de la pareja de Jácome, Alfonso Pérez Serrano. Sin embargo, Lupera señaló que esa reunión no puede configurar el delito de tráfico de influencias porque nunca conoció personalmente al aspirante, "pero telefónicamente, sí". También indicó que el hermano del subcoordinador nacional financiero del Consejo, Fernando Balda, obtuvo grabaciones para presionar a Estupiñan.

Sobre el proceso de remoción del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, el coordinador de asesoría jurídica de Participación, Freddy Viejó, indicó que Murillo era un funcionario de periodo fijo y que su informe que recomendaba la salida de Murillo por no ser parte de la carrera administrativa ni judicial no era vinculante.

Por su parte, el exministro de Trabajo, Andrés Isch, señaló que el informe de la cartera de Estado "recoge la información acerca de los funcionarios con impedimentos y esta información es enviada a la entidad nominadora, por lo que esta institución no inhabilita ni tampoco ejecuta la remoción". En cambio, el actual ministro de Trabajo, Patricio Donoso, indicó que él desestimó el informe que que señalaba el impedimento de Murillo "con un criterio de que no es vinculante".