Fiscalización le pone el ojo a salarios dorados de funcionarios públicos
La Comisión es competente para analizar sueldos de las empresas públicas. Asambleísta oficialista planteará que se trate el tema
Tras un análisis del gasto de personal de 10 empresas públicas, efectuado por la actual administración del Ministerio de Trabajo hasta diciembre de 2023, se revelan más de 1.000 puestos de empleo que tienen ingresos superiores a los 5.072 dólares, salario mensual que percibe el presidente de la República, Daniel Noboa.
Este es un tema que llama la atención de los legisladores de la Comisión de Fiscalización, en la Asamblea Nacional. En particular del asambleísta de Centro Democrático, alineado a la bancada de ADN, Ramiro Vela. El parlamentario dijo que estos casos sí pueden ser revisados en la mesa legislativa ante la denuncia de algún ciudadano o de cualquier asambleísta.
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Pero, “lamentablemente, la Comisión es política y al no tener mayoría se priorizan temas como el caso Purga y Metástasis, porque a su consideración esos temas son más mediáticos”.
Por ejemplo, un caso es el de un jefe de Tesorería, de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), en Esmeraldas. Registra 64.845 dólares en un mes. Ese ingreso equivale a 13 veces el salario presidencial.
Vela empezó un proceso de fiscalización contra la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Con base en información remitida desde esa institución la semana pasada, el legislador indicó que allí “hay asesores de gerencia que ganan 7.900 dólares”. Criticó que similares casos hay en la empresa estatal Petroecuador, en Petroamazonas, en la Corporación Nacional de Electricidad y en Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). “Hay gente que gana sobre los 7.000 bajo los famosos beneficios de los contratos colectivos”.
Vela aún no recibe la información solicitada a Petroamazonas, Petroecuador y Celec. Sin embargo, “voy a pedir a la Comisión que tratemos este tema, el jueves lo voy a pedir por escrito” para que la situación de los salarios altos se trate en una sesión de la próxima semana, anticipó. Aun bajo la posibilidad de que el tema no sea tratado en Fiscalización y se plantee que vaya a otra mesa como la de Derecho al Trabajo.
“Es un trabajo de Fiscalización que lo empecé a hacer y voy a continuar haciéndolo, no puede ser posible que haya gente que tenga sueldos dorados”, criticó el legislador.
Lenin Rogel, del Partido Social Cristiano (PSC), señaló que si bien Fiscalización tiene en su agenda tres juicios políticos por evacuar, no puede descuidar otros temas de conocimiento público, sino que puede tratarlos de forma paralela. Explicó que una vez que se cuente con una denuncia, se pide la información a las áreas de las instituciones correspondientes y según los indicios se deriva la denuncia a la Contraloría o la Fiscalía.
Adriana García, de Gente Buena, también está de acuerdo con que el tema sea tratado en Fiscalización y añadió que debe existir filtros en el Ministerio de Trabajo y la Contraloría para evitar casos de corrupción.
Ni Pamela Aguirre, presidenta de Fiscalización, ni Sofía Espín, ambas de la Revolución Ciudadana (correísmo), contestaron las consultas de EXPRESO sobre el tema.
El oficialista Luis Alvarado, vicepresidente y de la bancada de ADN, indicó que la mesa espera por información de la Contraloría del Estado solicitada días después de que el nuevo contralor entró en funciones.
Por su parte, la Contraloría no respondió a la consulta de EXPRESO. Mientras que la ministra del Trabajo dijo que habrá un acuerdo ministerial.
Nuevo llamado a María Josefa Coronel
La Comisión de Fiscalización espera para este miércoles que comparezca la exdirectora provincial de la Corte Provincial de Judicatura de Guayas, María Josefa Coronel, para continuar con el caso Purga.
Es el segundo llamado a la exfuncionaria para que esclarezca sus declaraciones sobre la presunta influencia del exlegislador socialcristiano Pablo Muentes en la justicia. Además, la mesa hará un tercer y último llamado a la excomandante de Policía, Tannya Varela, para conocer su versión por la supuesta colaboración con grupos criminales.
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