Fiscalización pide suspender plazos para retomar juicios políticos rezagados
La mesa legislativa aprobó la hoja de ruta de las investigaciones que pretende hacer hasta finales de año
La Comisión de Fiscalización decidió este 7 de junio de 2021 solicitar al pleno de la Asamblea Nacional que suspenda los plazos de, al menos, dos juicios políticos que quedaron pendientes del anterior periodo legislativo.
Según los integrantes de esta mesa, hasta el momento no han recibido información sobre el estado en el que quedaron los procesos de fiscalización iniciados en contra del contralor Pablo Celi, que es investigado por presunto lavado de activos en el denominado caso Las Torres.
Tampoco se habría remitido, por parte de la anterior secretaría de la Comisión de Fiscalización, el expediente con el que se busca llevar a juicio político a René Ortiz, exministro de Energía y Recursos No Renovables. Por eso surge la solicitud de que se frenen los tiempos para organizar la información y continuar con los trámites de fiscalización.
La Comisión también solicitó que el pleno de la Asamblea designe a nuevos interpelantes para ambos procesos, ya que en el caso del juicio a Ortiz, el asambleísta que empujaba el caso ya no es parte de la Función Legislativa, mientras que Cristóbal Lloret (Unión por la Esperanza) fue reelecto, pero esperarán la decisión de los 137 legisladores.
En la presidencia de la Asamblea también reposan cinco pedidos de juicio político en contra de Richard Martínez, exministro de Economía y Finanzas.
En la segunda sesión de la Comisión de Fiscalización también se aprobó la hoja de ruta que seguirán los asambleístas hasta fin de año en lo referente a investigaciones, pedidos de información y rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
Por unanimidad, la mesa legislativa aceptó la propuesta de su presidente, Fernando Villavicencio, de investigar negociaciones petroleras en casos como Petrochina. Además, la potenciación de la Refinería de Esmeraldas y la fallida construcción de la Refinería del Pacífico.
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Leer másLa vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero, pidió incluir un análisis a universidades como Ikiam, Yachay, la Universidad de las Artes, entre otras, para determinar si el gasto administrativo que han tenido desde su creación justifica lo invertido en educación e investigación.
En los próximos seis meses, Fiscalización también prevé analizar e investigar el denominado caso INA Papers, en el que estarían involucrados algunos cercanos al expresidente Lenín Moreno, además del Plan de Vacunación del Gobierno pasado.
