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El juicio político fue planteado por supuesto incumplimiento de funciones. Garzón asegura todo lo contrario.Cortesía

Fiscalización prepara el informe sobre el juicio político a la exministra de Salud, Ximena Garzón

La exfuncionaria ejerció hoy se derecho a la defensa. Hubo tensión con los legisladores interpelantes

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional concluyó este 10 de diciembre de 2022 la fase de práctica de pruebas dentro del juicio político a la ex ministra de Salud del actual Gobierno, Ximena Garzón.

La mesa legislativa cuenta con cinco días para elaborar el informe no vinculante que puede recomendar el archivo o la continuidad del juicio político en el pleno, en contra de la ex funcionaria.

Fue precisamente Garzón la última en intervenir en su propia defensa este 10 de diciembre. Lo hizo por varias horas y por momentos su comparecencia se volvió tensa, especialmente ante los cuestionamientos de los interpelantes Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Nathalie Viteri, asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC).

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La exfuncionaria justificó los motivos de la declaratoria de emergencia en el sistema de Salud, durante su administración, y rechazó que esta medida haya sido adoptada sin contar con estudios técnicos como le acusan sus detractores.

Negó que el Ministerio de Salud a su cargo haya comprado medicación, a punto de caducar o de baja calidad, y aseguró que cada adquisición se hizo con el aval de las entidades de control encargadas para poder ejecutar las compras.

Sobre la acusación de falta de gestión, la exministra detalló algunos planes que se habrían empezado a ejecutar durante su periodo al frente de la cartera de Salud. Sin embargo, aclaró que los programas no se pueden ejecutar de la “noche a la mañana” y que, en algunos casos, los resultados se podrán ver el año entrante o incluso el próximo.

La asambleísta oficialista Ana Belén Cordero defendió la gestión de Garzón y dejó entrever que a ratos parecería ser que este juicio político más tiene que ver con un conflicto de intereses o de defensa de alguna farmacéutica, algo a lo que se sumó la propia exfuncionaria.

La incidentada sesión concluyó con los reclamos del asambleísta correísta, Comps Córdova, quién denuncio que el presidente de Fiscalización, Fernando Villavicencio, le negaba la palabra.

En respuesta, Villavicencio señaló que, en su momento, le otorgó la palabra y que este en lugar de centrarse al tema del juicio político, prefirió hablar de temas que no venían al caso.