
Fiscalización se queja por falta de información del campo Sacha
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dice que Petroecuador no entrega información
Los reclamos por la falta de atención a los requerimientos de la mesa se ventilan en redes sociales. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional señaló este 7 de marzo de 2025 que "Petroecuador y el Gobierno guardan silencio" frente al pedido de información que han realizado los legisladores sobre la concesión del campo Sacha.
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A través de un comunicado, la comisión presidida por Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana, RC), dijo que la estatal petrolera "se niega a entregar información" a la mesa parlamentaria y que el plazo dispuesto por la ley para brindar esos datos ha concluido.
En ese sentido, la Comisión manifestó "su profunda preocupación ante la falta de transparencia" del régimen de Daniel Noboa en el proceso de posible concesión del campo petrolero que cuenta con la mayor reserva de crudo del Ecuador. Añadió que "la opacidad en torno a este proceso solo incrementa las sospechas sobre posibles irregularidades".
En el pronunciamiento, hizo un recuento de los requerimientos planteados para conocer detalles de los informes "que justifiquen la conveniencia y/o necesidad de ceder este campo a un tercero", la cual debía ser entregada en 10 días según lo dispone la Ley de la Función Legislativa, "lo que representa un grave incumplimiento", resaltó.
El incumplimiento se notificará al CAL
Ante la negativa, la Comisión dijo que dará a conocer el incumplimiento al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que adopte las medidas del caso.
📢 Petroecuador se niega a entregar información a esta Comisión 📢
— Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) March 7, 2025
Pese a que ha concluido el plazo legal, la institución NO ha remitido la información referente a la concesión del Campo Sacha ⤵️ pic.twitter.com/suHhlqet5O
La concesión del campo Sacha ha levantado distintas reacciones después de que la ministra de Energía, Inés Manzano, informara sobre el proceso para entregar el espacio a un consorcio extranjero. La decisión del régimen también ha generado pedidos de investigación de la Fiscalía desde el correísmo y anuncios de movilizaciones de organizaciones sociales.
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