Fiscalización señala responsabilidad política de Moreno y Lasso por los apagones

La Comisión de Fiscalización aprobó este 31 de enero de 2024 su informe sobre respecto    a la crisis energética. Entre las recomendaciones de su investigación está responsabilizar políticamente a los expresidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso.

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En diciembre de 2023, la mesa legislativa presidida por la asambleísta correísta Pamela Aguirre inició una investigación sobre la crisis energética que empezaba a tener el país. Entre los objetivos de la fiscalización estaba determinar quiénes eran los responsables.

Luego de un mes de investigación, el informe de la mesa de Fiscalización concluyó que la crisis energética ha generado pérdidas que superan los 400 millones de dólares, así como que la misma tuvo origen por una "débil institucionalidad en las entidades competentes".

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También señala que la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, ahora en liquidación, evadió sus responsabilidades y que existió una falta de coordinación entre las instituciones del eje energético del Estado.

El informe también concluye que se incumplió el plan maestro de electricidad por parte del Ministerio de Energía y Minas, entonces liderado por Fernando Santos, y la falta de gestión preventiva en el mantenimiento del Sistema Nacional de Interconexión.

Respecto a las responsabilidades de autoridades, la mesa de Fiscalización concluyó que el exministro Santos inobservó las alertas emitidas en su momento y no dio mantenimiento a las centrales térmicas.

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El informe también señala al exministro de Economía y Finanas, Pablo Arosemana. Según concluyó la investigación, incumplió con sus funciones y retiró recursos de Transelectric y  de la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel), "agravando la situación energética".

Por las conclusiones de la investigación, se recomienda responsabilizar políticamente a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso. También a los exministros Fernando Santos Alvite y Pablo Arosemena.

La investigación, según también señalaba otras de las recomendaciones del documento, fue entregado a la Contraloría General del Estado (CGE) para determinar las responsabilidades que correspondan.

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