COMISION DE FISCALZIACIÓN RETOMA JUICIOS POLITICOS
El correísmo señaló que la sentencia es espuria y fue dictada por un juez comprado.TOMADO DEL ARCHIVO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Fiscalización retoma los juicios políticos a los exfuncionarios de Guillermo Lasso

Pese a la protesta del correísmo, la mayoría de la mesa de Fiscalización decidió acatar la sentencia  del juez Edgar Romero

La mayoría de la Comisión de Fiscalización resolvió este 9 de septiembre de 2024 acatar la sentencia del juez Edgar Romero y retomar los juicios políticos archivados en contra de tres exfuncionarios del expresidente Guillermo Lasso.

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En una atropellada sesión, en la que se apeló la Presidencia de la asambleísta del correísmo Pamela Aguirre, la mesa de Fiscalización conoció la sentencia del juez Romero, que días atrás fue rechazada por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Durante la votación, el correísmo insistió en que Edgar Romero es un "juez comprado" que emitió una sentencia "espuria" que se entromete en las funciones del Legislativo. Asimismo, señalaron que la única intención del oficialismo es proteger a la ministra Mónica Palencia de su juicio político.

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Por moción del asambleísta del oficialismo César Umajinga, la mesa legislativa aprobó que el orden de los juicios políticos quede de la siguiente manera:

  1. Diana Salazar, fiscal general del Estado
  2. Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública
  3. Pablo Arosemena, exministro de Economía y Finanzas
  4. Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior

La Comisisón de Fiscalización se va en contra del Pleno de la Asamblea

Pese a la decisión de la mesa legislativa, el 3 de septiembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la moción del legislador Leonardo Berrezueta para que el Pleno debata la sentencia judicial que ordena al Parlamento retomar el orden de los juicios políticos, previo al retiro de firmas que se realizó en semanas pasadas. De 122 asambleístas presentes, 87 votaron a favor y 30 en contra. Hubo, además, cinco abstenciones.

La moción proponía rechazar y condenar enérgicamente la sentencia de la acción de protección, ya que la consideran violatoria de la Constitución. Además, plantea autorizar al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para que presente los recursos necesarios en referencia a esa acción de protección, disponer que el Comité de Ética inicie procesos en contra de Inés Alarcón y Javier Andrés Jurado, así como ratificar lo actuado por la Secretaría General del Parlamento. La propuesta también es esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional para decidir cómo continuarán los procesos de los juicios políticos en cola.

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