Los fiscalizadores de su propia corrupción

Todo queda entre ellos. Las irregularidades que envuelven la construcción de los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez, en Manabí, alcanzan también a las empresas encargadas de fiscalizar estas obras, es decir, las responsables de velar que las constructoras sigan todos los procedimientos adecuados (en el plano técnico y económico) para el fiel cumplimiento del contrato adjudicado.

En el caso de la construcción del Hospital Básico de Pedernales, cuyo contrato será terminado unilateralmente por el Gobierno por segunda vez debido al hallazgo de irregularidades en su adjudicación, la fiscalización de la obra está a cargo de la constructora Mercampar S. A., que tiene como representante legal a Mauricio Reyes Constante, exempleado del Servicio de Contratación de Obras (Secob).

Reyes, quien ocupó hasta enero, según el organigrama de la institución colgado en el portal de transparencia, el puesto de fiscalizador 2 en la Dirección Zonal de Producción y Control de Obras, en Loja, fue nombrado gerente general de Mercampar S. A. por cinco años desde el 10 de febrero pasado. Once días después, el 21, el Secob invitó a su empresa a que envíe la propuesta técnica y económica para la obra.

Como fue la única participante, el Secob le adjudicó el contrato de fiscalización por un total 637 mil dólares seis días después de enviar la invitación.

Por parte de la empresa pública, el contrato fue firmado por Jorge Jalil Ponce, el subdirector general que ahora está vinculado, junto con el director de la institución, Edmundo Tamayo, a la investigación que sigue la Fiscalía contra el asambleísta de PAIS Daniel Mendoza y otros, por el delito de delincuencia organizada.

Según explicó la fiscal general Diana Salazar en la audiencia de formulación de cargos, Mendoza era parte principal de “una estructura organizada” en la que se encargaba de coordinar y realizar acciones que “coadyuvaban a la obtención de contratos de obra pública, principalmente en Manabí”.

“Es de conocimiento público la forma en que se ha manejado y cómo se ha llevado a cabo la construcción y adjudicación de contratos de obra pública, especialmente de la salud, teniendo incluso el control de los rubros económicos que percibía”, detalló Salazar sobre el rol del asambleísta Mendoza.

Además, le dijo al juez que las evidencias que la Fiscalía recabó dan cuenta de que esta banda “está en contubernio para otras obras que se encontraban no solo en Manabí, sino también en Esmeraldas, y relacionadas a empresas como CNEL”.

De esta red también forma parte Franklin Calderón Cedeño, ingeniero manabita catalogado dentro de la investigación como el “banquero” y quien actualmente está procesado por lavado de activos junto al constructor del hospital de Pedernales, José Véliz Saltos.

Calderón se encargaba de coordinar directamente con Mendoza y Véliz el manejo del dinero de la construcción del hospital de Pedernales.

Pero los tentáculos de Calderón van más allá de Pedernales y alcanzan también a la construcción y fiscalización del Hospital Miguel H. Alcívar de Bahía de Caráquez. Otra promesa posterremoto que aún no se cumple.

Entre las pruebas que maneja la Fiscalía dentro del caso Pedernales existen conversaciones vía WhatsApp entre Franklin Calderón y Juan Sebastián Miño, actual accionista de la compañía Castro & Castro, que conforma junto con RHR Rock & Hydro Resources el Consorcio Bahía, constructora del hospital de Bahía de Caráquez.

En esos mensajes se evidencia cómo Franklin Calderón coordina con Miño el ingreso de personal para trabajar en la obra, todo bajo el mando de Daniel Mendoza.

Calderón es, además, según la información proporcionada por la Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí, fiscalizador de la construcción de ese centro médico manabita.

“Es el auditor privado que fue contratado por el consorcio que construye el hospital de Bahía de Caráquez”, precisó Julio Villacreces, vocero principal de la comisión provincial.

Pero sus conexiones con esta obra son aún más cercanas, pues Calderón fue hasta 2017 gerente de Joalnapi S. A., la empresa que se llevó el contrato de fiscalización de este hospital. Además, tiene nexos con al menos cuatro empresas que están relacionadas a los actuales accionistas de Joalnapi, con quienes también tiene vínculos familiares.

Es decir, al controlar ambos contratos, era imposible que la empresa fiscalizadora pudiera señalar alguna anomalía o señal de corrupción dentro de la construcción de los hospitales, por lo que cualquier irregularidad con respecto al uso de los recursos quedaría oculta.

Por este trabajo, el Secob tiene previsto pagar 1,3 millones de dólares. El 50 % de este presupuesto ya fue entregado a Joalnapi el 24 de octubre de 2019.