¿Dónde está Fito? Nuevo proceso judicial en su contra genera dudas
El proceso contra Fito por delincuencia organizada genera dudas sobre su uso político en plena campaña electoral
La Unidad Judicial Penal Norte 1 de Guayaquil ha convocado para el próximo 27 de febrero de 2025 la audiencia de formulación de cargos contra José Adolfo Macías Villamar, conocido como Fito, líder del grupo criminal Los Choneros. Se le imputará por delincuencia organizada, en un proceso que ha generado incertidumbre, tanto por el contexto del caso como por las implicaciones políticas que podría acarrear.
Según la Fiscalía, Fito habría mantenido el control de Los Choneros incluso después de su encarcelamiento en el Centro de Rehabilitación Social N.º 4, también conocido como la Cárcel Regional. Fue desde allí que habría dirigido la organización, incluso antes de su fuga, la cual se dio en un contexto complejo. Este nuevo proceso judicial se da en paralelo a la etapa de juicio del denominado Caso Purga, en el que se investiga una red de corrupción judicial en Guayas que, entre otros hechos ilícitos, habría favorecido a Fito.
Un hecho relevante en este caso es el intento de la expresidenta de la Corte Provincial, Fabiola Gallardo, de contactar a Fito para influir en sus procesos judiciales. Según los documentos del caso, Gallardo habría buscado beneficiarlo tras un episodio en el que, en 2023, Fito regresó a la Cárcel Regional después de que se revocara una orden judicial que lo había trasladado a La Roca.
Dificultades en la notificación y el procesamiento en ausencia
La Fiscalía ha justificado las dificultades para notificar a Fito, indicando que su último domicilio registrado era la prisión de la que se fugó. No obstante, la audiencia sigue en pie y la Defensoría Pública ha sido notificada para garantizar su defensa.
En cuanto a la posibilidad de que el proceso continúe en su ausencia, el penalista y exoficial de Inteligencia Kléber Carrión explica que, según la ley, el delito de delincuencia organizada permite el juzgamiento en ausencia. Sin embargo, advierte que cualquier irregularidad en la notificación podría abrir la puerta a impugnaciones futuras. Carrión también sugiere que la notificación podría haberse realizado a través de los abogados de Fito, lo cual blindaría el caso ante posibles alegaciones de vulneración de derechos. Además, cuestiona al Código Orgánico Integral Penal (COIP), argumentando que su redacción favorece a los infractores.
¿Estrategia política?
El analista político Mauricio Alarcón advierte que el caso contra Fito podría ser utilizado con fines electorales, considerando que se desarrolla en un contexto de alta polarización política, en plena contienda electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del 13 de abril. La posible entrega o captura de Fito podría ser vista como una estrategia para generar impacto político, especialmente teniendo en cuenta que el líder de Los Choneros es un objetivo de alto valor con alerta roja de Interpol.
Alarcón recuerda que la Fiscalía ha sido funcional a ciertos intereses políticos en el pasado, por lo que alerta sobre la posibilidad de que este proceso se utilice con fines electorales, favoreciendo al gobierno de Daniel Noboa. “No podemos permitir que el derecho penal se utilice como un trofeo electoral”, insiste, subrayando la importancia de mantener la independencia judicial y evitar que la seguridad nacional sea usada como moneda de cambio en la política.
Con el futuro judicial de Fito en juego, el caso no solo pone en evidencia la situación legal del líder de Los Choneros, sino también las tensiones políticas y jurídicas que podrían influir en su resolución.
