Acusador. Lenin Rodríguez llegó acompañado de su abogado, Luigi García, quien además es asambleísta alterno de María Mercedes Cuesta.

Flota Pelileo enreda a Galarza

Arrancaron las comparecencias en la comisión que investiga a la asambleísta de CREO. El exasesor Lenin Rodríguez y el legislador Ronny Aleaga asistieron.

La cooperativa de transportes Flota Pelileo aterrizó inopinadamente en el caso Galarza. Ayer, en el primer día de comparecencias ante la comisión parlamentaria constituida para investigar la conducta de la asambleísta de CREO, varias actas del directorio de esa empresa de buses interprovinciales se convirtieron en otras tantas pruebas en su contra. Extrañísimo pero cierto. “Tengo un nuevo elemento”, proclamó Lenin Rodríguez, el exasesor de Ana Galarza que la denunció ante la Fiscalía, y procedió a entregar los documentos y a rendir las debidas explicaciones. Tan claras que no hubo necesidad de hacer preguntas.

Ocurre que Omar Mayorga, quien desempeña el cargo de asesor 1 en el despacho de Ana Galarza, tiene otro trabajo: es gerente de Flota Pelileo y asiste a las sesiones de su directorio. En una de ellas (y aquí Rodríguez tomó una de las actas y leyó un párrafo bochornoso), se permitió mencionar sus “influencias” con Galarza como un medio para aligerar las obligaciones de su empresa con respecto a un accidente de carretera con muertos de por medio. Pero eso es un detalle anecdótico. Lo importante, en lo relativo al caso que se investiga, tiene que ver con lo que Rodríguez llamó “el don de la ubicuidad” de Mayorga: los mismos días en que aparece en Pelileo, interviniendo en las sesiones de la empresa y firmando las actas respectivas, también registra su asistencia en la sede legislativa, en Quito, de ocho de la mañana a seis de la tarde. ¿Y quién certifica esas asistencias con su firma? Ana Galarza.

“Uso doloso de documento falso”, concluyó Rodríguez bajo la aprobadora mirada de su abogado, Luigi García, sentado a su derecha. Y para abundar en la acusación presentó también “cinco meses de registro de asistencia” de Carmen Alvarado, otra asesora de Galarza a quien Rodríguez asegura no haber visto nunca en la oficina y cuyas firmas invitó a comparar con la original que consta en otro documento: “a simple vista no se parecen en nada”. La tarjeta electrónica de Alvarado registra 860 ingresos a la sede legislativa y Rodríguez asegura que fue Francisco Sevilla, esposo de la asambleísta, quien la usaba. La comisión pedirá los vídeos de las cámaras de vigilancia para comprobarlo.

Pero Rodríguez no paró ahí. Leyó el número de la cuenta bancaria en la cual dice haber depositado 60 dólares mensuales para cubrir una deuda de Galarza. Pidió comprobar, mediante pericia electrónica, la autoría de los trabajos universitarios de la asambleísta que, según dijo, él mismo y otros asesores ejecutaban por ella. Y, como si se tratara de demostrar que su aversión no tiene límites, la acusó de “gestionar un cargo público”. ¿Qué cargo? El suyo propio: cuando Ana Galarza lo despidió, le ayudó a colocarse en el despacho de la también asambleísta Jeannine Cruz. Desde luego, si ella es culpable de ese delito, él es cómplice.

-¿Alguien me puede dar un vaso de agua? -preguntó Rodríguez interrumpiendo su alegato.

-A vos ni agua -se alcanzó a escuchar a una irritada integrante del equipo de Galarza instalada al fondo de la sala.

Aquello de la “gestión de cargos públicos”, aparte de deleznable, es confuso. Sin embargo, es la principal acusación presentada contra Galarza por el legislador correísta Ronny Aleaga, que fue quien pidió la apertura de la investigación. Pero Aleaga no consiguió aportar una prueba. De hecho, en su comparecencia de ayer, que fue la primera del día, Aleaga fue incapaz de articular un discurso medianamente razonable para sostener sus alegaciones. No llevó un dato ni un papel que Rodríguez no hubiera presentado ya. Y estos, los expuso en forma desordenada, aleatoria casi. Se limitó a leer artículos de ley, intercalar vídeos con declaraciones de la acusada y repetir la muletilla de “como joven asambleísta...” para referirse a sí mismo. Si al final de este proceso Galarza resulta sancionada, no será por su causa sino a su pesar.

Ahora Marcelo Dueñas, abogado de Galarza que también asistió a la sesión, quiere que la comisión la juzgue únicamente por gestión de cargos públicos. Soñar no cuesta nada.

Calendario

Trabajo contra reloj

El cronograma de trabajo de la comisión quedó listo. El lunes, se receptarán los testimonios de los asesores de Ana Galarza, incluyendo a Omar Mayorga y Carmen Alvarado. Seguirá el esposo de la asambleísta, Francisco Sevilla. La acusada hablará al final. Mientras, se esperan los certificados de asistencia y los vídeos de las cámaras de vigilancia.