La fragilidad del Estado se percibe en el espanto policial

El personal del Comando de la subzona El Oro, ubicado en la ciudad de Machala, está laborando con normalidad, pero con altas medidas de seguridad, los ciudadanos que ingresan deben entregar una identificación para poder realizar los trámites.

La entrada al edificio estaba con vallas metálicas y con un vehículo de vigilancia móvil durante la tarde de este martes. Todo esto luego del ataque armado a las instalaciones del cuartel policial el pasado domingo, tras la captura de Jaime Enrique Santa Cruz, presunto líder de la banda Los Lobos. Después fue liberado debido a las amenazas de muerte contra los uniformados.

“Nosotros hicimos nuestro trabajo. El resultado le compete a las autoridades que administran justicia para que todo se haga de manera clara y se encuentre un horizonte, deseando un resultado que quiere la comunidad”, dijo José Cóndor, jefe de la policía de Machala.

Esta situación provocó un cruce de comunicados entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo de la Judicatura (CJ) en la red social X, en donde se acusaban mutuamente de la liberación del sospechoso quién portaba más de $13.000, armas y municiones.

La FGE expuso que el juez no acogió pedido de Fiscalía y “no calificó la flagrancia de la aprehensión del ciudadano disponiendo su liberación”, y añadió que se inició una investigación previa por presunta defraudación tributaria.

Tres horas después respondió el CJ y resaltó que se puso en libertad al capturado porque el agente fiscal de turno se abstuvo de formular cargos y que conforme a lo que dicta el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no podía dictar prisión preventiva.

“La institución inició la investigación disciplinaria al agente fiscal del caso”, agregó el Consejo de la Judicatura en su red social.

Sin embargo, uno de los vocales del organismo, Fausto Murillo enfatizó que el escrito no reflejaba su “posición” pero que el CJ “ejerce su potestad disciplinaria sobre todos los servidores judiciales conforme a la ley y su reglamento”.

No se pronunció más del tema, ni precisó que tipo de medidas se adoptarán. Hasta mientras Cóndor ponderó que “poco a poco” se vuelve a la normalidad en Machala. El temor permanece entre los trabajadores.

Para el abogado penalista, Julio César Cueva, si el fiscal a pesar que el Juez calificó legal la detención, es “muy rara” la situación pero que tampoco sorprende porque esto se debe a dos razones:

“Ahí no es culpa del juez sino del fiscal y eso solo pasa porque o lo amenazaron o lo compraron. La Fiscalía debió pedir urgente protección para el agente y el Consejo de la Judicatura para el Juez”.

Con esta razón se inicia una especie de barrera para que se evite infundir el temor y la proliferación de las amenazas.

Por otro lado, para el experto en seguridad Nelson Yépez, la situación es el resultado del “divorcio que existe entre la Judicatura, la Fiscalía y la Policía Nacional” y que dicha realidad es aprovechada por las organizaciones delictivas para recordar o profundizar un mensaje de dominio o autoridad en determinadas zonas.

“Es necesario que la Asamblea Nacional se haga ver aquí, que se haga una reforma al COIP para que no se vean beneficiados los grupos armados. Mientras esto no se cambie, se repetirán más estos actos en Ecuador, porque los jueces y fiscales no interpretan lo que ve la Policía y la sociedad y toman las decisiones que no son las más apropiadas, sea por miedo o porque existe cualquier otra razón que no ayuda a la seguridad”, evaluó.

En tanto, que el experto en seguridad pública y de Estado, Diego Pérez, escenarios como los dados el pasado domingo es una prueba fehaciente que la soberanía del Estado es tan débil que parece que la autoridad la tienen los grupos delictivos.

Que el actuar de las fuerzas del orden a proteger las dependencias es una respuesta al miedo y ausencia de respaldo a los uniformados que cumplen con su trabajo.

“El Estado debe estar en la capacidad de proporcionar seguridad en todos los aspectos. Me parece que es difícil esperar algo del gobierno. Recién inició la gestión y evidentemente los primeros días estuvieron concentrados en lo económico y ahora en la vicepresidenta, pero esto revela la fragilidad que atraviesa al Ecuador”.

Por lo pronto, la nueva ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia no ha emitido pronunciamientos públicos sobre el hecho dado en la capital orense.

En declaraciones anteriores públicas, habló de la necesidad de mantener a los ministerios unidos como uno solo pero que sigan cumpliendo sus funciones correspondientes. Ella participó en sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.                                              

(Le puede interesar también: El castigo cercano al crudo ecuatoriano)

Para acceder sin restricciones a contenido de calidad, ingrese aquí