Francisco Bravo denuncia falta de agilidad de la justicia en casos de corrupción

Ocho años ha pasado archivado. El miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Francisco Bravo, denunció la falta de agilidad de la justicia ecuatoriana en hechos de corrupción "provocando así impunidad". Indicó que la indagación previa por el presunto delito de peculado en contra del exministro de Agricultura y exvocal del Banco Nacional de Fomento (BNF), Walter Poveda, el exvocal y actual alcalde de El Carmen (Manabí), Rodrigo Mena Ramos, y otros, permanece en los escritorios de la Fiscalía.

Señaló que ante esta realidad, el procurador judicial del Cpccs, Byron Pacheco, solicitó a la Fiscalía que se lo integre como parte procesal para darle el impulso pertinente a esta investigación previa, en vista de que han transcurrido ocho años sin que exista un pronunciamiento.

Recordó que las investigaciones en torno al presunto caso de peculado iniciaron en base al Informe de Contraloría No. DA1-0065-2009, relacionado con el examen especial practicado a las importaciones de fertilizantes y harina, así como de las compras y comercialización de arroz y maíz, en el antiguo Banco Nacional de Fomento (BNF), por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2007 y el 31 de julio de 2008.

En esa acción de control se analizó el proceso de adjudicación del contrato para la adquisición de 39.000 toneladas métricas de harina de trigo a 528 dólares cada tonelada, por lo que la compra total significó la suma de 20’600.588 de dólares.

La adquisición se la realizó a la empresa “Cargill Sociedad Anónima Comercial e Industrial” de la Argentina, cuyo contrato fue suscrito el 1 de abril de 2008.

El consejero señaló que entre las conclusiones del examen especial, la Contraloría determinó dos irregularidades principales: Que el proceso precontractual para la adquisición de harina se realizó sin sujetarse al artículo 6 de la Ley de Contratación Pública y artículos 1, 4 y 5 de su Reglamento; y, que el contrato debidamente legalizado fue suscrito con posterioridad a la ejecución del mismo, ya que el producto contratado llegó al Ecuador el 28 de febrero de 2008, o sea, con 33 días de anticipación a su firma. En el documento del organismo de control se determina que hay indicios de responsabilidad penal.

También presentó la resolución que demostraría que el procedimiento fue “impropio, toda vez que el BNF al ser institución pública, debió sujetarse a las disposiciones de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y, por lo tanto, debió someterse a esa normativa y al reglamento”.

Otro elemento resalta que “no se cumplieron las condiciones y procedimientos, pues no se contó previamente con las especificaciones mínimas, detectando que las gestiones de compra con la empresa Cargill se realizaron antes de que el Directorio resuelva el procedimiento a seguirse y declare la emergencia, sin un análisis de precios que permita comparar con el nacional, como se evidencia en la comunicación de 28 de enero de 2008, suscrita por la gerente general (e), Marina Cumandá Centanaro”.

Sin embargo, sostiene el consejero, y pese a existir dicho informe de responsabilidades penales de la Contraloría; el exfiscal Galo Chiriboga Zambrano, mediante escrito de 15 de noviembre del 2011 comunicó a la Corte Nacional de Justicia que no existe la información necesaria y los fundamentos suficientes para deducir por el momento una imputación, razón por la cual el juez de la sala especializada de lo penal, Vicente Robalino, el 3 de octubre del 2012, ordenó devolver el expediente a la Fiscalía General, para que continúe la investigación.

“Han transcurrido ocho años y no se ha hecho nada, pero ya que el delito que se persigue no prescribe, se ha tomado la decisión de darle el impulso necesario desde el Consejo de Participación”, sentenció Bravo.