Freno para unos y acelerador para otros casos en la Fiscalía
Hay causas abiertas seis u ocho años sin elementos para instrucción. El COIP dice que la duración de la investigación previa no debe superar dos años
En la Corte Nacional de Justicia está pendiente el archivo de una investigación previa por posible fraude procesal que denunció la defensa del exdefensor público Freddy Carrión, en contra de la fiscal general Diana Salazar.
La funcionaria el 17 de septiembre de 2021 informaba en su cuenta de Twitter que todos son iguales ante la justicia. Dijo que había sido notificada con el inicio de una investigación previa por fraude procesal. “Pero cuando se actúa con ética y apego a la ley, las investigaciones no causan miedo”, señaló.
Menos de un año después, según los abogados de Carrión, desde la Fiscalía llegó a la Corte el pedido para el archivo. Richard González, uno de los patrocinadores de Carrión, sentenciado por un posible delito sexual, dice que la pesquisa habría durado seis meses y “no se hicieron diligencias pedidas, pericias y más”. Señala al fiscal subrogante Wilson Toainga de posible obstrucción de la justicia por un aparente “conflicto de interés”. Toainga respondió que no tiene “ningún comentario” y tampoco conoce nada.
Este lunes 31 de octubre de 2022 al mediodía, EXPRESO consultó vía correo electrónico a la fiscal Salazar y a Comunicación de la Fiscalía sobre el estado de ese caso. Esperamos respuesta. Es que la celeridad que se dio al caso que involucraba a la fiscal Salazar no se aplica en todos.
Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, afirma que lo que tiene que ver con medicinas ha tenido mayor avance que otros. “Pero todo lo vinculado a Odebrecht, a las hidroeléctricas, al caso Manduriacu, que tiene siete años de la denuncia, y Odebrecht son avances lentos”.
La justificación de la fiscal es que no tiene personal, que los casos están acumulados.
Él endosa esa situación a que hay una falta de voluntad colectiva porque no solo depende de la fiscal, sino de un colectivo. Comenta que hace tres meses se reunieron con la fiscal y se habría comprometido a conformar una mesa de seguimientos a sus denuncias, pero no ha funcionado.
Solo la Comisión Anticorrupción, asegura que tiene denunciados e identificados 75 delitos en alrededor de 40 denuncias a las que suma construcción del Metro, venta del hotel Quito que siguen en investigación previa.
A mediados de septiembre, la Fiscalía respondió a un pedido de información de este Diario y señaló que en el caso Caminosca se investiga posible cohecho y se han dispuesto 223 diligencias para esclarecer los hechos denunciados. Justificó que el delito es imprescriptible. Hay otros casos demorados como Inapapers, JJ Franco, corrupción petrolera, investigaciones en contra del expresidente Rafael Correa, el exministro José Serrano, asambleístas por posibles diezmos. Sobre JJ Franco, la Fiscalía indicó que la Fiscalía de Transparencia lo lleva y es por tráfico de influencias. Se han emitido cinco impulsos fiscales, con unas 85 diligencias.
Añadió que en Manduriacu se investiga peculado y se han dispuesto 48 diligencias, “pero lamentablemente no se puede dar mayor información” y añadió que también es imprescriptible. Mencionó que por Refinería del Pacífico se abrieron 18 expedientes. 17 siguen en la reserva de la investigación previa y uno pasó a instrucción.
Pero el artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) pone plazos para esa fase. Dice que no podrá superar el año en delitos sancionados con hasta cinco años y dos años en casos con penas que superen los cinco años de cárcel.
Hay una salvedad. En los temas de desaparición de personas no se podrá concluir la investigación hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos para formular una imputación.
Un exfiscal que pidió la reserva de su nombre indicó que hay demora porque en muchos casos (demasiados) no existen elementos para formular cargos, “pero no se tiene el valor para archivarlos porque el avispero se agita”.
“Ya en el balance, la Fiscalía va con una lentitud pasmosa”, puntualiza Rodas. Es que en temas de obra pública representan miles de millones de dólares. Solo por Odebrecht serían 6.000 millones y no han avanzado. Hay pendientes las denuncias del manejo de deuda externa también.
Carlos Figueroa fue uno de los denunciantes en el caso del puerto de Posorja, en donde hubo un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría por 400 millones de dólares.
