El fuerte invierno deja veinte muertos y 565 damnificados

Babahoyo, Vinces, Jujan, Salitre, con cada día que pasa, el número de ciudades y recintos inundados en el Litoral aumenta. En las últimas dos semanas, el incremento en la intensidad de las lluvias ha provocado el desbordamiento de ríos, el empozamiento de agua y la destrucción de numerosas hectáreas de cultivo.

Al momento hay seis provincias en alerta naranja: El Oro, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Pero las cifras establecen un panorama más oscuro.

Según datos ofrecidos ayer por Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgos y Emergencias, durante un encuentro ministerial realizado en el Puerto Principal, entre octubre y marzo, veinte personas han fallecido producto de las lluvias. A esto se suman 29.395 personas afectadas, 7.667 casas dañadas, 135 colegios dañados, 565 damnificados, 117 viviendas destruidas y 13.000 hectáreas de cultivos bajo el agua.

El conteo fue el punto de partida para un encuentro entre gobernadores, ministros y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, que se desarrolló ayer en el Puerto Principal. Este, según indicó el segundo mandatario, tiene como fin desarrollar un plan integral para paliar los efectos de la temporada invernal una vez que las lluvias terminen.

“El presidente nos ha pedido que presentemos un plan integral para que enfrentemos esta dificultad, no solo en cuanto a lo que hay que hacer inmediatamente para priorizar la salud y el bienestar de las personas afectadas, que se está haciendo y se está haciendo bien (a través de albergues, vivienda temporal, atención médica y alimentación), pero sí en cuanto a la recuperación integral. Lo hemos trabajado el día de hoy y lo terminaremos esta semana”, explicó.

El proyecto, agregó, incluye la recolección de información, para determinar los daños inmediatos a reparar, entre los que priman las unidades educativas y centros de salud y las campañas preventivas para evitar la proliferación de enfermedades como el dengue y la malaria.

Entre los invitados al encuentro también estaban funcionarios de BanEcuador, que colaborarán junto al Gobierno para ofrecer refinanciaciones de créditos y préstamos a los agricultores cuyos cultivos han desaparecido.

El encuentro también planteará un nuevo mecanismo de control dirigido específicamente a prefecturas y municipios, y destinado a monitorear el índice de cumplimiento que las entidades tienen con las acciones preventivas para evitar inundaciones.

“Los municipios y prefecturas no han cumplido con parte de sus responsabilidades específicas para prevenir inundaciones, como la limpieza de canales, o el control de construcciones o cultivos en zonas de riesgo. Se deben monitorear las acciones específicas que realizan en este campo para asegurarnos que se cumplan y no debamos pasar todos los años por esta situación”, señaló.

El tema de los asentamientos irregulares se ha debatido fuertemente desde fines del año pasado, cuando empezó el invierno. Zonas periféricas, de cantones como Milagro, Durán y Salitre, en Guayas, sufren año a año de inundaciones, pero no cuentan con mecanismos u ordenanzas para desalojarlas y trasladar a los residentes a áreas más seguras.

Según datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos publicados en 2017, el 49 % de la población de Guayas tiene alta o muy alta vulnerabilidad frente a las inundaciones.

En Babahoyo, de acuerdo a estudios proporcionados por la Alcaldía de esa ciudad, hay nueve asentamientos irregulares, tres de los cuales están en zonas de alto riesgo donde no pueden ser regularizadas. “Hay ciertas zonas en donde se necesita cerca de 3,5 metros de relleno para que no estén propensas a las inundaciones y eso es excesivamente costoso”, señaló Johnny Terán, alcalde de la urbe.

Tras la reunión en Guayaquil, el vicepresidente viajó a Los Ríos, donde recorrió las zonas más afectadas por las lluvias en Vinces.