La Función Judicial prepara un código de ética y buenas prácticas
La elaboración de este documento se da en medio de las investigaciones a funcionarios judiciales en los casos Metástasis y Purga
En un intento por reivindicarse, la Función Judicial prepara un código de ética y buenas prácticas que rija a quienes imparten justicia. La elaboración de este documento se da mientras varios funcionarios judiciales son indagados en los casos Metástasis y Purga.
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Según informó el Consejo de la Judicatura, el código de ética contará con los aportes de la academia, la sociedad civil, organizaciones y demás órganos de la Función Judicial, como la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública.
AHORA | En el @CJudicaturaEc, se realiza la Mesa Técnica para la elaboración del Proyecto de Código de Ética de la #FunciónJudicial. Participan representantes de @CorteNacional, @DefPublicaEC, @FiscaliaEcuador, @EcuadorUnodc, @ColAbgPichincha, @UISEK y @FCD_Ecuador. pic.twitter.com/BRSdzCKYNH
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) March 18, 2024
Ocho servidores judiciales fueron suspendidos por la Judicatura tras el caso Purga
Leer másEn la matriz de la Judicatura, ubicada en Quito, se reunió este 18 de marzo de 2024 la mesa técnica. "El objetivo del encuentro es reunir a integrantes (de los sectores mencionados) para crear un documento consensuado, que recoja las principales necesidades en materia de ética y buenas prácticas", señaló la entidad.
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En los casos Metástasis y Purga, seguidos por Fiscalía, varios funcionarios judiciales han sido salpicados e incluso involucrados en el presunto delito de delincuencia organizada. Ambas investigaciones persiguen una estructura criminal en el sistema de justicia y que, incluso, estaría estrechamente relacionada con el narcotráfico.
El 16 de marzo de 2024, por ejemplo, el pleno de la Judicatura resolvió la suspensión de ocho jueces involucrados en el caso Purga. Los siete jueces y el servidor administrativo sancionados habrían incurrido en una falta gravísima al haber solicitado o recibido préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que pongan en tela de duda la imparcialidad del servidor de la Función Judicial, entre otras infracciones.
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