Fusiones con tendencia a generar más despidos

Una reestructuración que todavía se queda corta. Obligado ante la crisis social y económica que va dejando la pandemia del coronavirus, el gobierno del presidente Lenín Moreno emprendió desde el fin de semana una nueva versión de su plan de optimización del tamaño del Estado, que implicará la salida de más funcionarios públicos.

En la mira están entidades pequeñas y algunas que incluso llevan a cuesta su tercer decreto de extinción en los últimos cuatro años, sin que se concrete. El mandatario emitió nueve decretos que involucran a 15 instituciones estatales que deberán fusionarse con otras, suprimirse y simplemente extinguirse.

Ese es el caso de Enfarma, empresa que se creó en 2009 para suplir la deficiencia de medicamentos en el país, pero nunca logró ese objetivo. “Una buena idea que no funcionó”, según el expresidente Rafael Correa, quien firmó en 2016 el primer decreto de extinción, el mismo que fue ratificado por su predecesor en 2018 y ahora nuevamente.

Caso similar es el de las empresas Fabrec y Cementos del Ecuador para las que es la segunda vez que se decreta la extinción desde que Moreno llegó al poder. Entre las tres apenas superan los 60 funcionarios y su producción es casi inexistente por el deterioro que han experimentado en los últimos años.

Las entidades que se suprimirán para que otras instituciones asuman sus competencias son la Agencia de Regulación y Control Postal; Instituto de Fomento de Talento Humano; la Secretaría Técnica de Juventudes y Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos, que suman entre las cuatro 447 funcionarios (ver gráfico).

En el Gobierno no hay claridad sobre la cifra que se ahorrará el Estado con este proceso de “eficiencia del Ejecutivo”, como llamó el presidente Moreno a estos últimos cambios. EXPRESO consultó al Ministerio de Economía y Finanzas un valor aproximado y se explicó que “los procesos de fusión toman su tiempo y sería inexacto establecer un dato sobre esta decisión, porque en el camino se van cumpliendo las estructuras de optimización”.

Tampoco se quiere tocar el tema de posibles despidos, aunque el dirigente de los trabajadores del sector público, Miguel García, le dijo a este Diario que, de acuerdo a la experiencia de otros procesos de optimización, en los casos de fusión se recortan las partidas que duplican funciones como en comunicación, las áreas financieras, legales o recursos humanos que tiene cada entidad.

“Siento que esta medida más que práctica tiene un afán de generar un impacto de que algo se está haciendo. Aunque en estas entidades hay poco personal, sin lugar a dudas muchos de ellos se van a quedar sin trabajo y en un momento como el que vive el país es lamentable. La mayoría de ese personal tiene contratos ocasionales”, señaló García.

La continuidad o no del personal de las entidades que sufrirán cambios será determinada a través de un “estudio técnico”, le dijo a EXPRESO un funcionario del Gobierno.

El sacudón inició en 2019

Desde el año pasado, el Gobierno intensificó el proceso de optimización del Estado. Solo en 2019 se calcula que cerca de 25.000 personas dejaron de trabajar en el sector público, la mayoría bajo el argumento de duplicidad de funciones o por terminación de los contratos bajo la figura de ocasionales.

Presidencia absorbe entes

A inicios de marzo se decretó la fusión del Ministerio del Ambiente con la Secretaría Nacional del Agua. Antes, se ejecutó la absorción de las secretarías de la Administración Pública, Planificación y Desarrollo y Comunicación que pasaron a ser dependientes de la Presidencia de la República.

Recorte antes del coronavirus

Antes de la crisis generada por el coronavirus, en octubre de 2019, el Gobierno ya había presentado una proforma presupuestaria para 2020 con una reducción importante en el pago de salarios del sector público. El año pasado se destinaron $ 9.353 millones y este se presupuestó con $ 8.897 millones, es decir, se aplicó una reducción de $ 455 millones.