Galapagos, potencia turistica y centro de vigilancia

Una frase equívoca desató la polémica. En junio, tras un encuentro con medios internacionales, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, se refirió a las islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad y joya turística del Ecuador, como “un portaaviones natural”. Sus declaraciones estuvieron acompañadas de precisiones sobre la cooperación de Estados Unidos, con el avión P3, en la vigilancia aeromarítima.

Las reacciones no se hicieron esperar: furia, malestar, incluso un pedido de comparecencia ante la Asamblea Nacional. Las falsas teorías sobre la apertura de una nueva base militar norteamericana circularon por las redes sociales hasta que el funcionario aclaró lo dicho.

Aunque Galápagos no será un “portaaviones” de vuelos militares ni habrá una base estadounidense en territorio ecuatoriano, la región Insular sí será el nuevo centro de la vigilancia naval del país. “Galápagos es un territorio estratégico que está a 1.200 kilómetros del continente y lo más lógico es utilizarlo”, ha dicho el ministro.

También es cierto que la capitanía de San Cristóbal aún no está lista para convertirse en el soñado centro de operaciones. Por ello, Jarrín anunció una intervención integral para hacer aterrizajes de reabastecimiento” durante las veinticuatro horas. Así, se revertirán los protocolos previos que determinaban que los controles e intervenciones se realizaban desde el continente.

¿Pero qué representa esta intervención en términos de montos e infraestructura?

De acorde a los datos entregados por la Armada a EXPRESO, esta estrategia plantea una inversión de más de seis millones de dólares en la construcción de infraestructura, vivienda fiscal y el mejoramiento del hangar y la pista. Este último proceso se llevará a cabo con fondos colocados a través del convenio de vigilancia que se mantiene con Estados Unidos.

También habrá una inversión en equipamiento militar. El proceso empezó hace meses. Estos incluyen la adquisición de lanchas guardacostas, la presencia permanente de dos helicópteros navales y un avión para exploración aeromarítima, y la construcción de un buque multipropósito, que costará $ 47 millones y se pagará a lo largo de una década.

Para la Armada, la inversión se medirá en términos de resultados. Hasta ahora, estos han sido positivos. En cifras eso se traduce en 201 operaciones en la zona insular en lo que va del año, el decomiso de 1,3 toneladas de drogas y la detención de 39 personas.

La detención del flujo del narcotráfico no es el único fin de este cambio de política de seguridad. “Es importante recalcar que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada representa una de las principales amenazas a la economía marítima nacional, ya que es considerada una de las actividades ilegales más lucrativas para la economía criminal, después del tráfico de armas y el narcotráfico, vinculada a otras actividades ilícitas en los espacios acuáticos”, se indicó.

Pese a los fines proteccionistas, la estrategia militar tiene sus detractores. El almirante Hugo Unda, excomandante general de Marina y exministro de Defensa, dice que la vigilancia debería fortalecerse en la zona costera y no mudarse hacia las ‘Islas Encantadas’.

“Solucionar problemas construyendo nueva infraestructura no ha dado resultado, como lo demuestran los últimos diez años, eso sin hablar de las alteraciones y el daño a la biodiversidad que podría sufrir Galápagos”, comentó. Antes que movilizar la defensa hacia el archipiélago, Unda cree que hay que mejorar las condiciones de operación de los puntos vulnerables de la costa continental.

En cambio, el exalmirante Fernando Donoso, también excomandante general de la Marina, considera que la medida es necesaria y que debería expandirse. “Ampliar la capacidad de patrullaje desde Galápagos es ideal para ampliar la vigilancia. Se acortan distancias que son empleadas por el narcotráfico. La cooperación con Estados Unidos también es vital para la Armada”, expresó. Con respecto a las críticas por posibles afectaciones ambientales a las islas, indicó que “es pura politiquería. Se deben respetar las normas ambientales, pero Galápagos no es un país independiente y se tienen que dar todas las facilidades para la vigilancia. Ven peligros donde no los hay”.

De acorde a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos, que rige desde 2015, el permiso para readecuar o construir nueva infraestructura, deberá contar con un “informe de viabilidad técnica de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, que incluirá el análisis de riesgos y resultados de un estudio de impacto ambiental”. La aprobación final debe venir del Consejo de Gobierno del régimen especial de la provincia de Galápagos.

EXPRESO consultó a Norman Wray, presidente de la entidad, sobre la viabilidad de las construcciones que ha planificado la Armada, pero este no respondió.

Sin embargo, en días pasados, a través de un comunicado, el funcionario dijo que “los objetivos de desarrollo de la provincia, en temas de infraestructura (...) se mantienen intactos y enmarcados dentro de un contexto de seguridad nacional, soberanía, paz y protección del parque nacional y la reserva marina”.

La Armada aclaró que aún no han iniciado los estudios ambientales o de riesgos. Para ello no hay fondos. “La Armada aún no ha iniciado ninguna obra nueva. Al momento se requieren $ 25.760 para ejecutar el servicio de consultoría ‘estudio de impacto ambiental e implementación de la base aeronaval de San Cristóbal’”.