Consulta Popular: Si gana la pregunta 3 se activan demandas por $57.000 millones
Se trata de 102.450 causas represadas en contra del Estado ecuatoriano en temas de inversión El Gobierno apunta a la resolución de conflictos
Según información revelada por la propia Procuraduría General del Estado, Ecuador tiene en su contra 102.450 procesos por $57.000 millones hasta 2021 y que en la actualidad ‘duermen el sueño de los justos’ con la prohibición constitucional sobre el arbitraje internacional que rige desde 2008.
El presidente Daniel Noboa plantea en la pregunta tres del referendo que se permita al país celebrar instrumentos internacionales como acuerdos que prevean al arbitraje internacional como método de solución para controversias de inversión, contractuales y comerciales.
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La idea es reformar el artículo 422 de la Constitución y en sus argumentos presentados a la Corte Constitucional (CC) expuso que la posibilidad de que el país suscriba tratados e instrumentos internacionales “no menoscaba la soberanía nacional ni altera la estructura fundamental” porque la aprobación de dichos instrumentos estarán supeditados a procedimientos internos encargados de vigilar la integridad y seguridad nacional.
El constitucionalista Kléber Sigüenza sostiene que la motivación del primer mandatario para realizar este cambio a la Carta Magna se direcciona porque las interpretaciones a las normas constitucionales solo se reconocen los arbitrajes con centros en el Ecuador.
“Se evidencia la falta de valoración de las pruebas o la incorrecta interpretación de las normas. Más allá que se hable de que los laudos sean justos o injustos, el punto sería si dichas decisiones son jurídicamente correctas”, enfatizó.
Está en juego el 50% del PIB, con eso solo nos dedicaríamos solo a pagar deudas.
Pero más allá de esta posibilidad y la invitación a entes internacionales de carácter bilateral y multilateral, el director del Foro Económico y de Alternativa y Heterodoxa, Pablo Dávalos, exhorta a las autoridades nacionales revisar los impactos en la economía nacional.
“Esto significa que las empresas que en este momento tienen puesto su juicio al país pueden llevar la resolución de sus conflictos por fuera del orden jurídico nacional. Si esta pregunta se aprueba inmediatamente se activan juicios de más de $57.000 millones”, ponderó.
A Dávalos le preocupa que la aprobación de la pregunta sirva de “estímulo” para que empresas se quieran aprovechar del Estado ecuatoriano y que dejaría en serios problemas a las finanzas para el desarrollo de política pública.
“Está en juego el 50 % del PIB (Producto Interno Bruto) con eso ya no podemos hacer nada, solo nos dedicaríamos a pagar deuda en arbitrajes. O sea puede ser que en algunos juicios ganemos como Estado, pero no significa que la empresa nos paga, sino que se suspende la demanda, nada más”.
Pero para llegar a ese nivel se necesita invertir en el pago a bufetes de abogados que “no cuestan 20.000 dólares, sino millones” por el nivel de la pelea internacional y ante diversos entes.
No obstante, a finales de 2021, el presidente de ese entonces, Guillermo Lasso, presentó una iniciativa denominada “Procuraduría del Futuro” con el fin de que se mejore el modelo de gestión arbitral que contaba con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los objetivos del proyecto se enmarcaron en reducir la conflictividad judicial del Estado, capacitar permanentemente al personal jurídico de la Procuraduría General del Estado y entidades públicas y crear una plataforma tecnológica que apoye en los procesos que llegan a esa institución. Sin embargo, no se ha revelado mayor detalle del avance de la iniciativa.
Por lo pronto la Corte Constitucional emitió en su dictamen sobre las preguntas del referendo que la interrogante 3 “cumple con los requisitos legales para su constitucionalidad” y por eso se aprobó su inclusión en la papeleta que los ecuatorianos decidirán en urnas.
Mientas tanto, el actual régimen ha ponderado que además del respeto a la soberanía y el reconocimiento del arbitraje como sistema de resolución de conflictos en el marco de suscripción tratados e instrumentos, significa un escenario y herramienta para “atracción de inversión extranjera, ya que garantiza la seguridad jurídica para las partes”.
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