Una garantía de seguridad carcelaria es el doblete de guías, dice el Gobierno
1300 aspirantes a agentes penitenciarios y 100 a inspectores educadores fueron presentados por el presidente Lasso, en un evento en Tambillo
En un acto protocolario realizado este lunes 11 de julio, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció la incorporación de 1300 jóvenes aspirantes a agentes penitenciarios y 100 inspectores educadores. El evento se desarrolló en el complejo de la escuela de formación de la Policía, ubicado en Tambillo, sur de Quito.
La convocatoria de postulaciones se realizó el pasado 12 de abril, a través de la plataforma de la Policía Nacional. De los 13.101 que se registraron, solo los seleccionados llevarán a cabo su formación en siete escuelas policiales. La graduación está programada para la última semana de noviembre.
Según el primer mandatario, los aspirantes se sumarán a los 1600 guías que ya velan por la seguridad de los 32.600 privados de libertad, en los 36 centros de rehabilitación social. Asimismo, los inspectores se sumarán a los 11 centros de menores infractores, que funcionan a nivel nacional.
"Vamos a continuar con nuestra política de indultos. Eliminaremos el hacinamiento y al duplicar a los agentes penitenciarios, lograremos resguardar la seguridad interna. Lucharemos contra el crimen organizado y narcotráfico".
El ofrecimiento del Gobierno se enfoca en reducir a cero la sobrepoblación que se registra en las cárceles, máximo hasta finales de año. Además, aclaró que, el trato que se les otorgue a los PPL siempre será bajo los lineamientos que marcan los Derechos Humanos.
"Los privados de libertad solo han perdido eso: la libertad. No la dignidad. Mucho menos sus derechos. Nosotros pondremos en orden la seguridad, respetando la integridad de las personas".
Lasso finalizó su intervención anunciando que, en conjunto con otras carteras de Estado desarrollaron una nueva política de rehabilitación social, con la que los PPL podrán trabajar desde el interior de las prisiones, completar, continuar o iniciar programas educativos y también serán evaluados en su condición de salud para proporcionarles el tratamiento adecuado.
Hasta el 2025, el Estado invertirá 125 millones de dólares en seguridad penitenciaria. Se invertirá en la compra de equipos tecnológicos como escáners, radios portátiles, uniformes, infraestructura para adecuaciones de seguridad en centros de privación, adquisición de un sistema de registro facial biométrico y dactilar, entre otros recursos.
