Genio y figura correísta, cómo olvidar a Fernando Alvarado | Por Martín Pallares

Considerando todo lo que Fernando Alvarado significó durante el correato, es difícil explicarse que la noticia de su condena a cinco años de cárcel no haya disparado un debate político más intenso. Si bien la noticia fue registrada por los medios más importantes, la reacción en la conversación nacional fue más bien débil.

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Esto, seguramente, ocurrió porque la historia de los viejos cadáveres del correísmo importa cada vez menos y, también, a que al correísmo militante y activo no le conviene, en estos tiempos electorales, ser identificado con el secretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa. 

A pesar de toda la importancia que tuvo en el círculo más exclusivo del correísmo, Alvarado finalmente sacó el boleto premiado: nunca fue tendencia en redes ni en los noticieros más populares y ni siquiera los correístas de cepa lo defendieron. ¿Para qué habrían de defenderlo si finalmente saben de las fechorías del personaje?

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Fernando Alvarado, seguramente, es una figuras que mejor que ninguna otra simboliza todos los vicios y perversiones del correísmo: vivaracho, sabido, cínico sin par, prepotente, audaz, autoritario, representante excepcional del nuevo rico, mentiroso, arribista, snob, corrupto, sin escrúpulos, ambicioso y sinvergüenza. Estuvo desde el inicio del gobierno de Correa muy cerca de él y, aunque los militantes orgánicos del movimiento que tenían pretensiones de intelectuales lo despreciaban y ninguneaban, siempre fue intocable. Correa, que siempre lo tuvo cerca, no ocultaba el desprecio que sentía por él. No en vano, lo nombró Cabeza de Zapato.

La sentencia en contra de Alvarado la expidieron los jueces penales Mercedes Caicedo, Julio Inga y Marco Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dentro del caso llamado Secom. Los jueces decidieron revocar la inocencia dictada previamente, en primera instancia, y declararlo coautor del delito de peculado cometido en el año 2014 cuando estaba al frente de la Secretaría de Comunicación del gobierno de Correa.

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La decisión contra Alvarado fue de condenarlo a cinco años de cárcel, sentencia que alcanza también a Galo Pacheco, exsecretario de Medios Institucionales de la Secom. Para Pablo Yánez, exsubsecretario de la Secom, al ser declarado coautor de peculado como Alvarado y Pacheco, también le correspondía una pena de cinco años de prisión; pero debido a su cooperación eficaz dada a la Fiscalía, la pena reducida que se le impuso fue de un año de cárcel, es decir, el 80 % de la reducción de la condena. Finalmente, Carlos Bravo, gerente de la empresa Gota Azul, acusado de cómplice, fue sentenciado a un año y ocho meses de privación de la libertad. En conjunto todos deben pagar una reparación integral al Estado de 225 mil dólares.

La apelación a la decisión de primera instancia fue hecha por la Fiscalía y la Contraloría. En octubre de 2020 se emitió la resolución de mayoría de primera instancia en la que recibieron un sobreseimiento el correísta Fernando Alvarado y los exsubsecretarios Pablo Yánez y Galo Pacheco, así como el gerente de la empresa Gota Azul, Carlos Bravo. El voto de mayoría llegó de los jueces de la Corte Nacional Iván León y Daniella Camacho, quienes definieron que en este caso no existía el delito acusado y lo que procedía era la declaratoria de inocencia de los cuatro procesados.

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El caso se centró en las irregularidades alrededor de la contratación de Víctor Hugo Enrique, un técnico audiovisual que trabajaba en los enlaces ciudadanos organizados durante el gobierno de Rafael Correa. La Fiscalía demostró que, a pesar de su relación laboral con el Estado, Enríquez también entregaba productos audiovisuales a Carlos Bravo, de Gota Azul, siguiendo sus órdenes. Esta situación fue conocida por Fernando Alvarado y los demás sentenciados.

Sin duda, era una de las causas menos escandalosas y relevantes que pesaban sobre Alvarado, pues las más importantes fueron debidamente socapadas por la Fiscalía y la justicia tomadas por Correa.

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Fernando Alvarado y su hermano Vinicio, quien fue secretario de la Administración, montaron un sistema según el cual todos los contratos de publicidad que tenía el gobierno se los adjudicaban a empresas que tenían que pagar un porcentaje a Creacional, que era de propiedad de la familia Alvarado. Otras empresas de la familia, como Percrea y Uma, también se adjudicaron contratos millonarios. Cuando Contraloría le hizo un examen de ingresos determinó que entre el 6 de noviembre de 2007, cuando ingresó a la Presidencia, hasta el 21 de julio, cuando presentó la declaración de bienes actualizada, él había recibido 95 mil dólares en sueldos y salarios, pero en ese mismo período había recibido depósitos y transferencias por 876.409 dólares.

Alvarado estuvo involucrado, entre otros, en el escándalo de la empresa de tragamonedas Invermun y también en el de Vialmesa. Ahí un hijo suyo aparecía como socio fundador de esa empresa de camiones que a los pocos días de ser constituida se adjudicó el contrato para distribuir la urea que traía el gobierno por un valor total de 3,3 millones de dólares, desde noviembre del 2010 hasta el 16 de mayo del 2012.

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Fernando Alvarado era el cerebro de las llamadas sabatinas en las que Correa atacaba a sus adversarios y atropellaba a la prensa. Estuvo relacionado con una empresa en Nueva York que se adjudicó los contratos de la campaña llamada ‘La mano negra de Chevron’ y fue célebre la sabatina que hizo en Nueva York y que le costó al país 700 mil dólares. Fue, en definitiva, la mejor síntesis de lo que fue el ejercicio del poder del correísmo. Actualmente está prófugo de la justicia, posiblemente en Venezuela o México.

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