La gestión de Pamela Aguirre en Fiscalización, bajo la lupa

En la Comisión de Fiscalización continúan las actividades de acuerdo con su cronograma, luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió la suspensión de los juicios políticos en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, debido a su embarazo de alto riesgo.

Pamela Aguirre sigue desempeñando la titularidad de la mesa legislativa. El CAL no consideró sancionarla por lo sucedido el 13 de mayo cuando Ronny Aleaga, procesado en el caso Metástasis, se conectó a la sesión a la que comparecía Salazar.

Aguirre se salvó de la queja por el supuesto mal uso de las instalaciones de la Asamblea Nacional que interpuso la legisladora Gissella Molina, de Gente Buena, quien insistió en el campo penal y presentó una denuncia el 20 de mayo en la Fiscalía contra la legisladora correísta, por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Este delito está tipificado en el artículo 270.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para quien “interfiera ilegítimamente en la libertad de actuación de jueces y fiscales”.

“Se pretendió que un investigado por la justicia, confrontara y cuestionara las acciones de la fiscal general”, dijo Molina. EXPRESO buscó la reacción de Aguirre, pero no hubo respuesta.

El penalista Xavier Andrade dijo que las repercusiones en las funciones de Aguirre se generarían solo en el caso de que se consolide una condena, porque se trata de un delito que tiene una pena “bastante alta”. La sanción es la privación de libertad de cinco a siete años y una multa de 24 a 40 salarios básicos unificados.

Legalmente la Fiscalía tiene hasta dos años para investigar el caso, pero como los hechos denunciados fueron públicos, posiblemente la recopilación de pruebas se haga rápido, dijo el jurista.

Pero hay dos cuestiones por las que la denuncia se ve “algo forzada” y podría no prosperar, según Andrade: el presunto delito no se adecúa a una interferencia en la actuación de la fiscal, ya que esta no estaba desarrollando una actividad judicial en la Asamblea; y por un presunto conflicto de intereses, pues al ser la fiscal general la afectada, otro fiscal, supervisado por la principal autoridad, será el que conozca el caso. “Podría haber algo de presión”, añadió.

De momento, Pamela Aguirre puede ejercer todas las atribuciones que tiene, según el penalista. En cambio, advirtió que se puede hablar de un supuesto fraude procesal por parte de ella, si se comprueba un ocultamiento de la ubicación de Aleaga, ante la solicitud de la fiscal.

El fraude procesal se sanciona con una pena privativa de libertad menor, de uno a tres años. Andrade criticó que este caso pretende usar a la justicia como un instrumento para resolver temas políticos.

El constitucionalista Paúl Córdova señaló que la Fiscalía debe investigar los elementos que no fueron de conocimiento público, para que los involucrados den su versión. Son “detalles que pueden ser importantes para que se determine si esa conducta está dentro de un fraude procesal o una obstrucción a la justicia”.

El CAL no indicó fecha para que se retome el juicio presentado por Gissela Garzón contra la fiscal, pero Aguirre comentó en una sesión que se retomaría cuando la fiscal salga de su parto. Esto se daría aproximadamente en enero de 2024, considerando que al 30 de abril tenía seis semanas, según un reporte médico enviado a la Asamblea Nacional.

La denuncia penal y el juicio político no deberían tener incidencia ni supeditar el trabajo de la Asamblea, resaltó Córdova. Los propios legisladores deberían encargarse de que cualquier juicio “sea bien ejecutado”, sin ninguna contaminación. Y para eso está la apelación a la Presidencia, acotó.

En efecto, “si pasara algo irregular, ese sería el paso a seguir. A todo lo que sea concerniente con la ley, siempre voy a estar apegado. Si (Aguirre) insiste en cosas que no son correctas, deberíamos tomar determinaciones”, manifestó Luis Alvarado, vicepresidente de Fiscalización y legislador de ADN.

En contra de exvocales de la Judicatura

El 21 de mayo la Comisión de Fiscalización calificó la solicitud de juicio político a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y a los exvocales Xavier Muñoz y Maribel Barreno. Con esto comenzó el proceso de sustanciación del juicio.

Desde el 24 de mayo se desarrolla la etapa de 15 días que tiene el proponente del juicio, Jorge Peñafiel, y los sujetos del juicio para presentar las pruebas de cargo y descargo. Esto porque el 22 y 23 se suspendieron las actividades en la Asamblea.

• Apelación. Un legislador puede apelar la Presidencia de una comisión si estima que normas procedimentales han sido vulneradas.

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