Gina Benavides: “Es necesaria una postura regional que diga que Venezuela viola derechos”.

Después de una amenaza de muerte, cualquiera pensaría verla caminar por lo menos con un policía junto a ella. Pero no. Gina Benavides prefiere caminar sola, pese a que le han ofrecido protección pública. Y así, escoltada por dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo del Guayas, llegó a la dependencia en Guayaquil para hablar unos minutos con EXPRESO sobre la ola migratoria de venezolanos que llega al país.

- Una ola migratoria no es nueva. Los ecuatorianos tenemos experiencia en eso. Si echamos un vistazo a la historia, hoy es el tema de los pasaportes, ¿mañana qué puede ser?

- La jueza constitucional fue superclara. El problema no es solo de ingreso, sino de todo el ciclo del proceso migratorio: el ingreso, la permanencia, la salida, procesos de retorno. En cada una de estas etapas puede haber vulneraciones de derechos. Ya estamos viendo los problemas operativos en los procesos de ingreso. Puede haber procesos de exclusión y hasta de cierres de fronteras.

- Si vamos por etapas, ¿qué inconvenientes se pueden producir en la permanencia?

- El problema de la regularización. La Cancillería ecuatoriana establece que ha expedido 90 mil visas. Que tiene 35 mil en trámite y tras las medidas que tomaron a partir del acuerdo hubo mucha gente que se quedó en situación de irregularidad. El principal problema es que tendrán dificultades en el acceso a servicios, un proceso de imposición de multas que en muchos de los casos llegan a un salario mínimo vital. Eso a la larga lo que traerá son procesos de deportación. En ese marco vamos a ver todo el aparato del Estado que empezará a funcionar con el sistema de redadas, batidas y procesos de deportación. Esto es preocupante.

- ¿Se puede hacer algo para no llegar a ese extremo?

- Ante eso lo que debería establecerse es una política de regularización. Siempre es lo recomendable en materia de movilidad, porque para un Estado es mil veces preferible tener población documentada a población que esté en situación irregular. Eso no le permite incluso ni diseñar sus políticas públicas porque no sabe con cuántas personas cuenta.

- Y en el tránsito, ¿qué inconvenientes pueden producirse?

- Muchas de las personas venezolanas quieren irse a Perú. Han tenido problemas porque no tenían el pasaporte y ahora porque no tendrán la cédula apostillada, ingresan irregularmente, se acercan a Perú que también pone restricciones y nuevamente se abren los canales de ingreso irregular. En el momento que sometes a las personas a ingresar de esta manera irregular, lo que estás abriendo es el camino a que bandas de trata de personas o tráfico de migrantes los utilicen. Tendremos problemas que a la larga van a repercutir en la seguridad de los migrantes y de los países, porque estamos incentivando estas prácticas.

- Esto sin contar casos de xenofobia también...

- Ese es otro de los riesgos. El cómo incluso la propia información y las condiciones emitidas por las autoridades van creando un clima adverso y que ubica a los migrantes como un problema y que son los causantes del desempleo y de la inseguridad. En muchos de los casos es una falta de comprensión de la realidad, de información y de una conducción que no se ha dado por parte de las autoridades para ubicar con claridad cuál es la real dimensión de la problemática. Estamos hablando y, el Gobierno lo reconoce, de que el 80 % de los venezolanos que ingresan no quieren quedarse. Las preguntas son: si es un 20 %, ¿por qué poner medidas de restricción?, ¿por qué surge un sentir adverso de la gente de que nos están invadiendo si estadísticamente no es así? El uso de la información tiene que ser muy responsable porque si no se lo conduce bien puede generar estos procesos de rechazo, estigmatización, discriminación, que pueden incrementar la violencia.

Mañana y pasado mañana, Quito será la sede de una reunión regional convocada por Ecuador para tratar la ola migratoria venezolana. Los representantes de los 12 países que hasta el momento han confirmado su asistencia analizarán la situación desde una mirada técnica. También están invitados organismos internacionales como el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, para buscar apoyo económico. No obstante, Benavides augura que la reunión tenga una mirada más humana y contundente.

- Una situación adversa, como el panorama que relata, requiere medidas drásticas. ¿Decisiones políticas?

- Lo que sostengo es que los países estamos siendo abocados a mirar los efectos y estos están en las personas, pero lo que tenemos que ver son las causas y estas están en el Estado venezolano. Dada la magnitud de la crisis humanitaria y el impacto en la región, es necesario que exista una posición política regional que permita decirlo con sus palabras que el Estado venezolano está generando un proceso de sistemática violación a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de su población. Tienen que, regionalmente, establecerse mecanismos que determinen la acción que el Estado venezolano tiene que hacer para asegurar los derechos de su población.

- ¿Y el discurso del respeto a la soberanía de los Estados?

- Esto se sostiene bajo una visión en la que Ecuador tuvo una posición hace mucho tiempo en la época de Jaime Roldós, la doctrina Roldós, que establece que incluso los procesos de intervención, cuando se dan violaciones a los derechos humanos, tienen que darse en función de garantizar esos derechos. No se puede alegar las soberanías de los Estados cuando se están violando derechos. Es necesario que el Gobierno ecuatoriano y la región tomen una decisión política. No en defensa y protección a los Estados, sino en defensa y protección a las personas.

- ¿Esto espera de la reunión que iniciará mañana en Quito?

- Lo que espero es que en esta reunión se tomen decisiones fundamentales sobre las causas y además que se incorpore el enfoque de derechos humanos en el tratamiento de las políticas. Estamos en un momento importante en la región de discutir la comprensión que tenemos sobre el derecho a migrar. Ecuador tiene este baluarte que lo pusimos en la Constitución de 2008 y han pasado 10 años y no lo podemos concretar: la ciudadanía universal. Hablamos de que no se puede considerar a los migrantes como ilegales, que la libre movilidad debe ser el principio humano de las personas. Eso es lo fundamental. No hablamos del derecho de los venezolanos, sino del derecho de todos. En cualquier momento cualquiera de nosotros somos migrantes.