Glas fue liberado en medio de conjeturas sobre un pacto

Jorge Glas salió de la cárcel de Cotopaxi lleno de vigor. Contrario a los argumentos sobre su “grave estado de salud”, con el que el juez de Manglaralto, Diego Moscoso, justificó la liberación, el exvicepresidente lució vital. Unas gafas cubrían sus ojos y una gran sonrisa encendía su rostro.

Cargó a niños, abrazó a amigos y se apoyó en la puerta de un vehículo para ondear una bandera tricolor. Puños en alto, pulgares arriba y más sonrisas. Decenas de adeptos gritaban consignas de alegría, como si hubiera ganado una elección.

Con tres condenas a medio cumplir, recuperó su libertad. Estuvo cuatro años en la cárcel. “Lo de fondo es que esta tinterillada es una demostración que las estructuras de poder están al servicio de intereses y acuerdos políticos de trastienda que solo ofenden a la conciencia nacional y contribuyen a la impunidad”, dice Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Un pacto entre el correísmo y el gobierno de Guillermo Lasso flota en el aire desde el año pasado, cuando la bandada de UNES, en la Asamblea, se abstuvo y permitió que la Ley de Reforma Tributaria se aprobara por el Ministerio de la Ley. “Nadie se cree que no hubo acuerdo. Lo que vemos ahora es la falta de transparencia en los acuerdos legislativos. El Gobierno tendrá muy difícil escapar de su costo político”, opina Giuseppe Cabrera, analista.

A ese antecedente se suma que en 2021, el entonces juez constitucional Agustín Grijalva allanó el camino para que cualquier autoridad pueda otorgar un habeas corpus, incluso si el beneficiario tiene sentencias ejecutoriadas. “Cualquier juez puede dictar medidas alternativas a la privación de libertad y decir que el cumplir una condena es ilegal”, dice Ismael Quintana, constitucionalista.

A medianoche del viernes 8 de abri lde 2022, llegó el pedido de habeas corpus al despacho de Moscoso, ubicado a 510 kilómetros de donde Glas cumplía dos sentencias ejecutoriadas (14 años de prisión en total) por los casos de corrupción Odebrecht y Sobornos; y una sentencia en apelación por el caso Singue (8 años más que dan un total de 22 años de prisión).

Hace dos semanas, el 28 de marzo, la directora provincial de la Judicatura de Santa Elena, Gisela Herdoíza, inició un sumario administrativo en contra del juez, acusado de prácticas irregulares, y solicitó al Consejo de la Judicatura una medida cautelar de suspensión.

La Judicatura, presidida por Fausto Murillo, no solo que no la tramitó, sino que tras la salida de Glas indicó que no podría pronunciarse sobre el fallo ni abrir de oficio una investigación contra el juez.

La Fiscalía señaló que la decisión salía de su competencia y el Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad, que podía haber apelado en la misma audiencia, dijo que sí lo hará, tras haber sido ordenado por la Presidencia de la República.

“La justicia todavía no brilla. Jorge debía salir hace año y medio de su injusta prisión. Es una pequeña gran victoria ante tanta injusticia. Pronto los verdaderos corruptos, empezando por Moreno, estarán presos”, escribió el expresidente Rafael Correa, prófugo.

Para Cabrera, Glas será un actor político importante, “no sé si electoralmente, pero suplirá la salida de Correa en territorio. Se lo verá en las seccionales, con Marcela Aguiñaga”.

En el ámbito jurídico, Quintana dice que la liberación de Glas era improcedente. “El habeas corpus está para proteger a las personas de detenciones arbitrarias, tratos crueles y degradantes, eso no se puede sostener en este caso”.

Quintana dice que el fallo tiene más errores. No detalla sobre qué proceso se pronuncia, ya que Glas tiene varios. El juez que debía resolver tenía que ser de Cotopaxi. “Pero al final, cualquier argumento se cae cuando hay acuerdos”.

• Fallos. Glas tiene tres condenas: 6 años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht y dos de 8 años por cohecho y peculado en caso Sobornos y Singue.