El Gobierno no avizora el fin de los estados de excepción
El COE y el Ministerio de Salud dicen que restringir la movilidad es una herramienta eficaz, junto con la vacunación. En El Oro surgen críticas.
Han pasado 501 días desde que el Gobierno decretó el primer estado de excepción, en marzo de 2020, por la presencia de la COVID-19 en el país. Entonces había 58 casos positivos.
Hoy, cuando suman 484.708 personas contagiadas con el coronavirus y 85 con la variante delta, la estrategia estatal es la misma: estado de excepción focalizado en El Oro y Guayaquil.
El Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE) y el Ministerio de Salud aseguran que se trata de una herramienta “eficaz” a la hora de contener el avance de los contagios, sobre todo de las mutaciones de preocupación: alfa, delta, delta plus y gamma.
Sin embargo, entre los gremios productivos de El Oro hay cuestionamientos, ya que tras más de un año de la pandemia continúa el uso de una herramienta legal que retira los derechos a la movilidad y a la reunión de los ciudadanos.
“Perjudica la reactivación económica porque restringe la movilidad hacia la provincia de El Oro”, indicó Jorge Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Machala. Los transportistas y los hosteleros se manifestaron ayer en rechazo al decreto del presidente Guillermo Lasso.
Juan Zapata, presidente del COE nacional, explicó que la movilidad en esa provincia está permitida únicamente a las personas que han completado su esquema de vacunación.
Ximena Garzón, ministra de Salud, dijo que la eficiencia de las vacunas se demuestra en la reducción de la mortalidad por coronavirus desde junio. Sin embargo, señaló que la variante delta es “altamente contagiosa” en toda la población.
Este Diario preguntó si la declaratoria de estado de excepción se seguirá aplicando este año, a medida que aparezcan nuevas variantes del virus.
La funcionaria señaló que esta herramienta jurídica es parte de un plan que incluye la toma de pruebas PCR y de antígenos, el establecimiento de cercos epidemiológicos, la localización de brotes “y como pilar fundamental la vacunación”.
Para Juan Francisco Guerrero, abogado y docente de Derecho Constitucional, la prolongación de los estados de excepción debe cambiar por otro tipo de medidas “ordinarias”.
El jurista criticó que el Gobierno adopte una “distinción” entre personas vacunadas y no vacunadas, y que a estas últimas se les impida la movilidad. “Vacunarse es un derecho y no una obligación. Por lo tanto, no se debe restringir el derecho a la movilidad por ese criterio”.
En cambio, para el abogado en libre ejercicio Juan Javier Santos, las restricciones a la movilidad pueden ser usadas por el presidente con el fin de contener una grave crisis sanitaria por la variante delta.
Entre otras medidas, el COE también solicitó que los municipios de Quito, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Azogues, Cuenca y Santa Isabel apliquen la reducción de aforos y controlen el expendio de alcohol.
El Detalle
Proyecto. En la Comisión de Salud de la Asamblea comenzó, desde el 21 de julio, el tratamiento de la Ley para Gestión de Emergencias Sanitarias.
