Gobierno cede ante presión en Archidona, pero el cierre de vías continúa: ¿Por qué?
Comunidades de Napo mantienen resistencia pese a la decisión del Gobierno de frenar la cárcel en Archidona
Las movilizaciones en la provincia de Napo no cesaron, a pesar de que el Gobierno nacional anunciara la suspensión del proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en el cantón Archidona. La decisión, anunciada a través de un comunicado oficial, representó un avance parcial para las organizaciones sociales y comunidades que desde hace más de dos semanas bloqueaban vías y mantenían protestas en defensa del territorio amazónico.
El gobernador de Napo, Gary Rivadeneira, confirmó en una rueda de prensa que el presidente de la República decidió cancelar el proceso de construcción de la prisión, valorado en aproximadamente 52 millones de dólares. La obra, inicialmente planificada en Archidona, será reubicada en el cantón Salinas, donde existe suficiente espacio para ejecutarla. Sin embargo, la noticia no fue suficiente para las organizaciones que lideran la resistencia, las cuales exigen garantías y documentación oficial que confirme la anulación definitiva del proyecto.
Por su parte Amada Grefa, alcaldesa de Archidona, explicó que la oposición de las comunidades se fundamentó en razones claras. La ubicación prevista para la cárcel estaba dentro del área urbana del cantón, cercana a cuatro establecimientos educativos donde estudian más de cinco mil estudiantes. La preocupación por la seguridad y el impacto en la tranquilidad del sector movilizó a la ciudadanía, que demandó la reubicación del proyecto.
“Archidona siempre ha sido un cantón de paz y tranquilidad, y no queremos que la construcción de una mega cárcel traiga problemas de delincuencia y desestabilice nuestra comunidad”, expresó Grefa. La alcaldesa destacó que la presencia de la cárcel de mínima seguridad en Archidona ya ha tenido un impacto negativo, con el incremento de delitos como la venta de drogas, robos y asesinatos. Según indicó, las familias temen que la construcción de una prisión de mayores dimensiones empeore la situación y atraiga grupos delictivos al corazón amazónico.
A la par del anuncio gubernamental, sectores sociales y dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) emitieron un comunicado donde manifestaron su desconfianza frente a las declaraciones oficiales. Entre sus principales exigencias, pidieron la anulación total del contrato de construcción, la renuncia del gobernador Gary Rivadeneira —a quien acusaron de haber “traicionado al pueblo”— y transparencia en los planes de repotenciación de la actual cárcel de Archidona.
Cárcel de Archidona
La prisión actual, diseñada para albergar a 300 personas privadas de libertad (PPL), actualmente tiene a 558 reclusos, generando un hacinamiento crítico. Además, los detenidos conviven sin distinción según su grado de peligrosidad, lo que representa un riesgo latente para la comunidad educativa y residencial aledaña.
Mientras tanto, las vías permanecen bloqueadas, afectando a los comerciantes y transportistas de la región. Luis Bastidas, habitante de Tena, lamentó las consecuencias de las protestas en la economía local. “Cierran las vías y nos afectan a todos: emprendedores, comerciantes y agricultores. No podemos trabajar ni trasladar productos”, declaró visiblemente preocupado.
Durante una reunión convocada en Tena, representantes del sector comercial instaron a las organizaciones sociales a considerar estrategias que minimicen el impacto en las actividades productivas. Sin embargo, desde CONFENIAE, los dirigentes ratificaron que la lucha continuará hasta que el Gobierno cumpla con sus demandas. “Seguiremos defendiendo nuestro territorio y resistiendo contra el saqueo y la destrucción causada por la minería legal e ilegal en la provincia”, subrayaron en su comunicado.
La tensión persiste en Napo. Aunque la decisión gubernamental de detener la construcción de la cárcel en Archidona trajo un respiro parcial, las comunidades y sectores sociales mantienen su postura firme. Exigen respuestas concretas, documentación oficial y un compromiso transparente por parte del Estado.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ
